CIUDAD REAL, 2 Ene.

El Fiscal Jefe de Ciudad Real ha iniciado diligencias de investigación penales contra el Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real tras denunciar 2 integrantes del Tribunal Calificador, que son además de esto encargados sindicales del sindicato CCOO, "anomalías" en el trámite administrativo de selección para el ingreso a 26 plazas de bomberos.

Según informó el sindicato en publicación oficial, los integrantes del Tribunal Calificador José María Roldán Real y Manuel Prieto Martín-Albo han impugnado las actuaciones del propio Tribunal de la oposición de la que ellos son integrantes. Previamente a la demanda penal frente a la Fiscalía, se han recurrido las resoluciones del tribunal calificador que fueron adoptadas por mayoría de tres votos contra los votos de Roldán y Prieto.

De los cinco integrantes del Tribunal Calificador, Roldán y Prieto son de profesión bomberos con antigüedad de 35 años con plaza y puesto fijo. Los otros tres integrantes del Tribunal de la Oposición no denunciantes, son el Gerente del Consorcio, el Secretario del Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava y el Jefe del Parque de bomberos de Ciudad Real (con ascenso provisional), siendo estos quienes, según los denunciantes, han causado "la gran inseguridad jurídica de este desarrollo", que aun, según el sindicato, "podría haber incurrido en compromiso penal".

Sin perjuicio de lo que sea de las actuaciones penales que ha iniciado la Fiscalía de Ciudad Real, "donde los denunciantes apuntan de forma directa actuaciones personales, de las que resultarían favorecidos familiares de recientes cargos políticos; lo que se va a ver en la causa penal", los elementos administrativos presentados por Roldán y Prieto previamente en el Consorcio Contra Incendios, quieren la nulidad de todo lo actuado y la vuelta a la realización del primer ejercicio de la oposición.

Los fundamentos que esgrimen los denunciantes son que en el primer ejercicio tipo test, el Gerente del Consorcio y integrante del Tribunal Calificador, Miguel Peña, "decidió dar las cuestiones ahora efectuadas a un fotocopista privado, que nada debía ver con el tribunal calificador", perdiendo los integrantes del Tribunal Calificador la almacena y custodia de las cuestiones ahora formalizadas y preparadas para ser fotocopiadas. Según los denunciantes, "el peligro de filtración fue altísimo, y era tan fácil de qué forma redirigir, pulsando solo una tecla, de esa fotocopiadora privada a cualquier correo las cien cuestiones tipo test".

En el segundo ejercicio psicotécnico, según los denunciantes, exactamente el mismo Gerente del Consorcio "decidió contratar los servicios de una compañía privada, asimismo con la protesta y voto en contra" de Roldán y Prieto.

En el tercer ejercicio de pruebas físicas, del mismo modo, según los denunciantes, se llamó a otra compañía privada, en un caso así, de Deporte Base, que fue "encargada" por el Tribunal Calificador para administrar ellos mismos las fabricantes. De tal forma, que, según los denunciantes, "no se preocuparon ni siquiera de poner un panel de cronómetro para medir el tiempo, o una tabla graduada en el foso para medir las distancias, que tengan la posibilidad de ser consecutivas por la gente presentes en la realización de las pruebas físicas, entre ellos los propios integrantes del Tribunal Calificador".

Por último, se demanda asimismo que en el sexto y último ejercicio de la oposición, el Secretario del Tribunal Calificador, abrió en privado adjuntado con el Gerente los sobres de los ejercicios, que estaban anonimizados, exactamente para asegurar el anonimato en la corrección del ejercicio. "Lo que el Secretario y Miguel Peña, rompieron inesperada y deliberadamente de antemano a la corrección de exámenes".

En resumen, y según el sindicato, la oposición a estas 26 plazas de bombero, aparentemente de los 2 integrantes del tribunal calificador denunciantes, y integrantes del sindicato CCOO, fué "un auténtico cruce de intereses particulares y cúmulo de actuaciones irregulares que están fuera de la mínima garantía de imparcialidad y transparencia que debe de primar en una oposición libre de esta naturaleza".