GUADALAJARA, 23 Abr.
El alcalde de Matarrubia (Guadalajara), Jacinto Lobo (PSOE), ha denunciado públicamente el clima de amenazas y violencia que ha enfrentado tanto él como su teniente de alcalde, Lidia Antón. Lobo ha llegado a describir la situación como "insostenible", especialmente luego de ser agredido físicamente el pasado sábado.
De acuerdo con el relato de Lobo, fue atacado por "tres individuos" que lo derribaron al suelo y le propinaron golpes en la cabeza y espalda. El alcalde afirmó: "Lo único que recuerdo es que terminé en el suelo y tuve que ser llevado a urgencias".
Esta agresión es solo el último capítulo de una serie de amenazas y hostigamientos dirigidos tanto a Lobo como a Antón desde que asumieron el cargo en junio de 2023, tras veinte años de gobierno local del Partido Popular.
En este contexto, Lobo mencionó un pleno el 25 de marzo que resultó conflictivo, con la expulsión de un vecino por alterar el orden público y proferir insultos contra Lobo y Antón.
El alcalde expresó su deseo de poder trabajar por Matarrubia sin sentirse coartado por la agresividad y las amenazas constantes: "Lo único que queremos es que nos permitan hacer nuestro trabajo y que la calma vuelva a nuestro entorno".
Por su parte, el vicesecretario de Coordinación de PSOE Guadalajara, Eusebio Robles, destacó que esta situación en Matarrubia se aparta de los valores democráticos esenciales. Aseguró que el equipo de gobierno local busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también supervisar las acciones del gobierno anterior para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, Robles llamó al PP local a desempeñar su rol de oposición con mesura y altura de miras para evitar la polarización, permitiendo que los representantes puedan trabajar en beneficio de la comunidad de Matarrubia.
Además, se ha solicitado una auditoría al Tribunal de Cuentas para analizar la gestión de la anterior administración municipal, ya que según Robles, hay aspectos que generan sospechas. El objetivo es recopilar la información necesaria para que, en caso de ser necesario, se pueda recurrir a la Fiscalía Anticorrupción para investigar posibles irregularidades.
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