TOLEDO, 18 de diciembre. En un fallo decisivo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha emitido una sentencia contra la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, quien enfrentará una inhabilitación de nueve años para ejercer cualquier cargo público y el derecho de sufragio pasivo. La razón detrás de esta condena radica en un caso de prevaricación administrativa relacionado con la cancelación de la licencia de un vendedor ambulante en el mercado local.

La controversia comenzó cuando J.V.R., un comerciante con años de experiencia en la venta ambulante de frutas y con todas las autorizaciones pertinentes, presentó una querella tras la decisión de la alcaldesa de no renovarle su licencia. Esta decisión se tomó después de un altercado con un empleado del mercado el 20 de febrero de 2021, y la alcaldesa lo hizo sin seguir los procedimientos legales establecidos ni proporcionar justificaciones claras por su decisión.

El tribunal determinó que el 10 de abril de 2021, un agente de la policía local levantó un acta contra J.V.R., alegando que había comenzado su actividad de venta sin la autorización municipal. Además, se le prohibió llevar a cabo su actividad de reparto a domicilio, a pesar de que contaba con una licencia nacional para hacerlo, lo cual fue calificado de injusto por el tribunal.

Después de que J.V.R. pidiera al ayuntamiento que le permitieran reanudar su actividad, la alcaldesa le envió otra carta, firmada el 16 de abril de 2021, reafirmando su decisión de impedirle operar en el mercado, alegando que tales acciones no podían ser toleradas por el consistorio.

La situación dio un giro tras la presentación de la querella, ya que la alcaldesa, aconsejada por la Secretaría del Ayuntamiento, decidió en febrero de 2022 iniciar un proceso para revocar su decisión original sobre J.V.R. Esto culminó en una resolución en junio de ese año, que finalmente le otorgó de nuevo la autorización para operar en el mercadillo.

Sin embargo, hasta abril de 2021, la policía municipal ya había prohibido al vendedor realizar ventas a domicilio, un servicio que había estado ofreciendo exitosamente. Más tarde, el 17 de junio de 2021, la alcaldía envió otra resolución que permitía a J.V.R. volver a montar su puesto en el mercado una vez más.

Aparte de la inhabilitación, la sentencia también incluye el pago de las costas procesales a la acusada, quien deberá indemnizar a J.V.R. con un total de 3.487,60 euros como compensación. En el mismo fallo, los concejales A.L.M.L., M.T.C.G., B.J.C.V., M.T.P.L., A.G.L., P.E.A. y A.H.G. fueron absueltos de cualquier delito de prevaricación, respaldando así la decisión del tribunal sin sanciones adicionales.