Aprobada en Castilla-La Mancha la reforma de la Ley de Farmacia para potenciar el servicio en zonas rurales
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico regional, tras rechazar 41 enmiendas presentadas por la oposición, con 12 de Vox y 29 del Partido Popular. La nueva normativa busca mejorar la presencia y sostenibilidad de farmacias en áreas rurales con baja densidad de población, especialmente en núcleos de menos de 1.500 habitantes, en un contexto de despoblación creciente en la región.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, destacó que la ley refuerza la regulación del sector farmacéutico, favorece la apertura de nuevas farmacias en zonas de difícil acceso y adapta aspectos relacionados con la atención farmacéutica en centros penitenciarios y el uso de medicamentos veterinarios, alineándose con la normativa estatal. Además, flexibiliza las distancias entre farmacias, permitiendo que puedan estar a menos de 50 metros, hasta un límite de 150 metros, en consonancia con otras comunidades autónomas.
Este cambio legislativo se produce en un contexto en el que el debate político ha evidenciado diferencias sobre el alcance y las implicaciones de la ley. La oposición, especialmente Vox y PP, ha manifestado su desacuerdo, alegando que la normativa presenta deficiencias técnicas y que no responde adecuadamente a las necesidades de la población y los profesionales del sector. La tensión política refleja la disputa sobre cómo garantizar un acceso eficiente y de calidad a la atención farmacéutica en toda la región.
Por su parte, los grupos de oposición han planteado enmiendas que incluyen mejoras en la atención en centros penitenciarios y el fortalecimiento del papel del farmacéutico en la atención domiciliaria. Sin embargo, el Gobierno regional ha defendido que la ley es mayormente técnica y que las modificaciones propuestas no alteran sustancialmente su marco, argumentando que se prioriza la seguridad jurídica y la sostenibilidad del sistema.
En el debate, también han salido a la luz diferencias sobre la coordinación entre médicos y farmacéuticos y la gestión de la información clínica, aspectos que los partidos valoran en función de su impacto en la atención sanitaria y la protección de derechos de los pacientes. La aprobación definitiva de la ley se enmarca en el esfuerzo del Ejecutivo regional por garantizar la prestación farmacéutica en zonas rurales y reducir los efectos de la despoblación sobre los servicios públicos.
En un contexto más amplio, esta modificación legislativa refleja la necesidad de adaptar las normativas autonómicas a los desafíos demográficos y sanitarios actuales, priorizando la equidad en el acceso a los servicios básicos y fortaleciendo la estructura sanitaria en zonas despobladas, en línea con las políticas nacionales de atención primaria y atención rural.