TOLEDO, 12 de noviembre.

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante al publicar una nueva Orden que modifica una anterior, relacionada con la implementación de un concierto social para el cuidado de personas mayores. Esta actualización se ha hecho necesaria debido a los evidentes retrasos que han surgido a raíz de la actual situación económica y social global.

De acuerdo con lo que se ha informado a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y reproducido por Europa Press, la primera Orden permitía que se llevara a cabo un concierto social que ofrecía 400 plazas residenciales. Esta convocatoria estaba enfocada en la creación de residencias para adultos mayores en diversos municipios de la región, y un total de diez proyectos fueron seleccionados para tal fin.

La convocatoria original especificaba que el tiempo máximo permitido para la construcción de estos centros sería de dos años, contándose a partir de la firma del acuerdo de acción concertada. Sin embargo, tras el transcurso de más de un año y ante la falta de avances significativos, se ha hecho evidente que las obras están experimentando demoras considerables, resultado de una crisis económica y social global que ha afectado a la provisión de materiales y ha obstaculizado su transporte. Además, se ha manifestado una preocupante escasez de mano de obra en ciertas categorías laborales, lo que ha complicado aún más la situación.

Ante este panorama, la Consejería ha considerado esencial extender el plazo para la finalización de los proyectos de construcción, los cuales son cruciales antes de activar los acuerdos de acción concertada que permitirían la creación de plazas residenciales públicas en la red de Castilla-La Mancha. Esta decisión es un intento de facilitar el avance en la realización de dichas infraestructuras.

La Orden modificada implica cambios en los términos de duración y prórrogas de los acuerdos de acción concertada. En líneas generales, el nuevo plazo para la construcción de los centros se extenderá desde la fecha de la firma del acuerdo hasta el 31 de marzo de 2026.

Asimismo, se ha establecido que los acuerdos de acción concertada tendrán una duración máxima de diez años a partir de la autorización y el comienzo de operaciones de la residencia, con posibilidad de prórrogas sucesivas de hasta cinco años antes de que finalice el período en cuestión, alcanzando un máximo total de veinte años, siempre que haya un consenso entre las partes involucradas.