C-LM presenta demanda al Estado por normativas de explotación y critica a Aagesen por falta de transparencia.
TOLEDO, 31 de marzo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado medidas concretas este martes al presentar un recurso contencioso administrativo. Este recurso está destinado a exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que implemente las nuevas normativas en relación al trasvase Tajo-Segura. La administración regional ha expresado su descontento por no poder establecer una comunicación fluida con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, a quien han solicitado una reunión en varias ocasiones sin éxito.
Durante una conferencia de prensa, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, enfatizó que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha estado esperando durante más de seis meses por un encuentro con Aagesen, quien ocupa su cargo desde hace más de un año. La consejera también mencionó que ella misma ha solicitado una reunión durante más de 12 meses, subrayando la falta de iniciativa del Gobierno central para abordar las preocupaciones de Castilla-La Mancha.
Gómez criticó abiertamente el enfoque del Gobierno español en las negociaciones, afirmando que esta no es una forma aceptable de gestionar los conflictos que afectan a la región. De este modo, el Ejecutivo regional impulsa esta acción legal con la esperanza de que el Estado reaccione y agilice la modificación necesaria de las reglas de explotación del trasvase.
La justificación para este recurso radica en un balance hídrico negativo causado por el trasvase, que ha originado un daño ecológico severo en cinco espacios naturales protegidos dentro de Castilla-La Mancha, incluidos en la Red Natura 2000. Asimismo, Gómez añadió que se han detectado irregularidades en los caudales ecológicos establecidos para el año 2025, lo que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a expresar su creciente frustración.
En este contexto, la Junta de Comunidades solicita al Gobierno central que tome medidas urgentes y efectivas para implementar estas modificaciones vitales en las reglas de explotación del trasvase. Gómez destacó que, tras la admisión a trámite de su demanda, el Ejecutivo regional se reserva el derecho a exigir las medidas cautelares pertinentes que considere adecuadas.
Desde el inicio del trasvase hasta el 29 de marzo de 2026, se han trasladado más de 15.148 hectómetros cúbicos de agua. Para poner en perspectiva esta cantidad, Gómez la comparó con el volumen de agua necesario para llenar más de 15.000 piscinas olímpicas o para abastecer a más de 63 millones de hogares.
A pesar de que actualmente se experimenta un periodo de lluvias, Gómez advirtió que esta aparente abundancia es solo un "espejismo". Insistió en que es urgente actualizar las normas de explotación para garantizar el flujo del río Tajo, asegurando que tenga un caudal suficiente para sustentar su ecosistema.
La consejera subrayó que la situación actual del río Tajo es insostenible, al ser el único río del país que no ha tenido caudal ecológico, mientras que todos los demás ríos de España sí cuentan con esta protección. Finalmente, mencionó que están a la espera de decisiones del Tribunal Supremo sobre dos demandas que afectan a los caudales ecológicos del Tajo, una de ellas presentada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y otra por la Diputación de Alicante.