SANTANDER/TOLEDO, 13 de diciembre. En un contexto de creciente preocupación por la situación del mercado inmobiliario, el consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha dado a conocer la postura que la Comunidad Autónoma defenderá durante la Conferencia de Presidentes que tiene lugar en Santander. Hernando ha subrayado la importancia de establecer un Pacto de Estado en materia de vivienda, argumentando que es imprescindible llevar a cabo una "profunda reflexión sobre la actual ley, que ciertamente es mejorable y necesita una mayor base de consenso".

En sus declaraciones a la prensa, realizadas desde la emblemática Península de La Magdalena, Hernando ha resaltado que "a día de hoy, los grupos parlamentarios que aprobaron la ley de Vivienda hace un año ni siquiera conseguirían mayoría en el Parlamento". Esta afirmación pone de manifiesto la falta de apoyo actual hacia una legislación que ya muestra signos de debilidad y requerimientos de implementación.

El consejero ha continuado expresando su preocupación por las "deficiencias en esta ley", insistiendo en que cualquier mejora que se desee introducir debe surgir de un consenso amplio, el cual, a su juicio, debería materializarse en un Pacto de Estado. "La vivienda representa un desafío considerable en nuestro país", ha comentado, subrayando la urgencia de abordar esta problemática de manera conjunta y eficaz.

Las propuestas formuladas por Hernando se encuentran documentadas en un decálogo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha preparado específicamente para esta Conferencia de Presidentes. Este conjunto de sugerencias incluye la necesidad de agilizar la normativa relacionada con el suelo y la movilización de terrenos disponibles dentro de la administración, haciéndolos accesibles para promotores tanto públicos como privados, además de integrar suelos privados en las políticas públicas de vivienda.

El ejecutivo liderado por Emiliano García-Page también plantea la urgencia de facilitar la aprobación de licencias y permitir que equipos externos se incorporen a la administración con el propósito de acelerar y desbloquear los trámites vinculados a licencias urbanísticas. Estas acciones son vistas como esenciales para enfrentar la acuciante necesidad de nueva vivienda.

Otra de las propuestas destacadas hace hincapié en la construcción industrializada y la inversión en formación profesional como soluciones viables para combatir la escasez de mano de obra en el sector de la edificación. Esta estrategia se presenta como una respuesta a los desafíos que enfrenta la industria de la construcción en la región.

Entre otras sugerencias, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicita la agilización de todas las ayudas que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la habilitación de nuevas vías de asistencia, y el establecimiento de un nuevo plan de vivienda que incluya programas destinados a la urbanización de suelo y a la construcción de viviendas a precios accesibles. Dichos programas abarcarían ayudas directas a la compraventa, iniciativas de ayuda al alquiler, así como un enfoque específico en el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y a la rehabilitación de viviendas y barrios.

Además, se propone la sacada a concurso de todos los suelos públicos para permitir la participación de diversos actores en el ámbito de la edificación. El Ejecutivo también sugiere introducir beneficios fiscales que favorezcan la construcción de vivienda, como la reducción del IVA, así como modificar la ley del suelo para asegurar mayor seguridad jurídica en la tramitación de planes y evitar la parálisis de procedimientos por defectos subsanables o por razones de interés general.

Por último, el consejero ha solicitado la introducción de seguros nacionales que cubran impagos, desperfectos y defensa jurídica, a cambio de una limitación en los precios del alquiler para particulares, al tiempo que reafirma la necesidad de un Pacto de Estado en materia de vivienda que involucre a todos los grupos políticos y a los actores implicados.

En esta línea, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha recordado que el propósito del presidente de Castilla-La Mancha en esta reunión es lograr un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar de una vez por todas un nuevo modelo de financiación autonómica que sea uniforme para todas las comunidades autónomas de régimen común.

"De acuerdo con la Constitución, solo existen dos regímenes diferentes: el del País Vasco y Navarra. No se contempla un tercer régimen como el que se intenta imponer para Cataluña", ha afirmado Ruiz Molina, quien ha indicado que García-Page va a presentar el modelo de Castilla-La Mancha con base en la igualdad de derechos a los servicios públicos para todos los españoles. Señaló que esta igualdad resulta "contradictoria" con un modelo singular para Cataluña, enfatizando que "los impuestos que todos pagamos deben redistribuirse entre todos", sugiriendo que el lugar adecuado para discutir este reparto es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.