En el periodo comprendido entre julio y septiembre, la tasa de mujeres víctimas de violencia machista en España se ha situado en 19,8 por cada 10.000, un dato que refleja una estabilidad inquietante si se compara con el 19,6 del mismo trimestre del año anterior, según el reciente 'Informe trimestral sobre Violencia de Género' del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

Las cifras varían significativamente entre comunidades autónomas, con Baleares a la cabeza con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida por la Comunidad Valenciana (25,3) y Canarias (24,4). Otras regiones como Madrid y Andalucía también superaron la media nacional, mientras que Galicia y La Rioja se manifestaron con cifras considerablemente inferiores.

En total, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han procesado 53.268 denuncias en este mismo periodo, lo que equivale a un promedio diario de 579 denuncias a nivel nacional, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad de las medidas adoptadas para combatir este problema.

Es relevante señalar que el número de mujeres denunciantes se ha mantenido prácticamente igual que el año pasado, con 49.156 víctimas denunciadas durante el tercer trimestre. Sin embargo, el aumento leve en las denuncias sugiere una ligera tendencia al alza en la visibilización del problema.

El informe indica que el 72,29% de las denuncias fueron interpuestas por las propias víctimas, mientras que solo el 1,92% correspondieron a familiares que decidieron actuar en defensa de sus seres queridos. Un dato que refleja la reticencia de muchas mujeres a dar el paso de denunciar en un ambiente muchas veces hostil.

Respecto a la nacionalidad de las víctimas, se documentó que el 61% eran españolas, mientras que el 39% restante procedía de otros países. También se registraron 121 víctimas menores de edad, lo que subraya la gravedad del fenómeno y sus implicaciones para las generaciones más jóvenes.

Otro aspecto preocupante que el informe resalta es el aumento del 22,51% en los casos en los que las víctimas optaron por no declarar contra sus agresores. Este fenómeno podría interpretarse como un indicativo de un sistema que aún no brinda la suficiente protección y apoyo a las mujeres que sufren violencia de género.

Además, durante el trimestre se solicitaron 12.844 órdenes de protección, lo que representa una disminución del 1,6% en comparación con el año anterior. A pesar de esta caída, más del 69% de las solicitudes fueron aprobadas, lo que sugiere un compromiso judicial para proteger a las víctimas.

En términos de medidas judiciales, se adoptaron un total de 16.185 acciones de protección penal. Entre ellas, la prohibición de comunicación fue la más común, evidenciando la necesidad de distanciar a las víctimas de sus agresores.

Este informe también señala que se dictaron 13.440 sentencias en el tercer trimestre del año, con un notable porcentaje de condenas, especialmente en los juzgados de violencia sobre la mujer. Este dato podría interpretarse como una señal de la efectividad del sistema judicial en ciertos aspectos, aunque todavía queda un largo camino por recorrer.

Esther Rojo, presidenta del Observatorio, ha hecho un llamado urgente a la formación y especialización de todos los actores involucrados en el proceso judicial, subrayando que una respuesta efectiva a las víctimas pasa por contar con los medios adecuados. También ha enfatizado la necesidad de fomentar la confianza de las víctimas en la justicia y la importancia de romper el silencio, un paso esencial para salir del ciclo de violencia.

Las palabras de Rojo también han destacado la existencia de mecanismos diseñados para evitar que las víctimas se enfrenten directamente a sus agresores durante las declaraciones judiciales, una preocupación significativa en la lucha contra la violencia de género.