CIUDAD REAL, 30 Jun.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante las consejerías de Igualdad y representante y de Bienestar Social, se ha sumado este jueves a la Declaración de Mérida, promovida por la Fundación Triángulo, que recopila el deber de las instituciones públicas en temas de derechos humanos LGTBI en el planeta.

En nombre del Ejecutivo autonómico las dos consejeras, Blanca Fernández y Bárbara García Torijano, y Maribel Blanco y José María Núñez en representación de la Fundación Triángulo, han firmado esta declaración con la que Castilla-La Mancha se aúna a las 37 instituciones de toda España que la han suscrito y que ascenderán a 60 en el momento en que termine este año, según informó la Junta en publicación oficial.

La consejera de Igualdad y representante del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha subrayado que la Declaración de Mérida "es un símbolo muy fuerte de respeto, de independencia, de variedad y de entender que la sociedad es diversa y nos enriquece saberlo y gozar de esa variedad".

Asimismo, explicó que, si bien la firma de esta declaración sea simbólica, ordena a la Administración regional a desarrollar su estrategia de Cooperación al Desarrollo, con visión de género y con proyectos que influyan en la defensa de los derechos de la gente LGTBI.

Blanca Fernández ha denunciado que, así como recopila esta declaración, 76 países de todo el mundo piensan ilegal "que nos tengamos la posibilidad querer libremente, tienen penadas las relaciones gays y la transexualidad, ciertos y no pocos con pena capital", y ha recordado que estos 76 estados representan cerca del 40 por ciento de los 195 países que reconoce la ONU.

Dada la intensidad y la gravedad de estas cantidades, Blanca Fernández ha letrado por que cada individuo, "en la medida de sus fuerzas", contribuya a pelear por los derechos de la gente de forma global. "Debemos globalizar los derechos, no las penas, no la crueldad, no la degradación a la que se ven sometidos miles de individuos en el planeta por su orientación o identidad sexual. Por tanto, cumplimos con una obligación ética en hoy", ha manifestado.

En este contexto, Blanca Fernández ha denunciado que los delitos de odio han incrementado en España un 45 por ciento desde 2013. En preciso, en 2021, hubo 477 delitos de odio en todo el país y "la segunda motivación para agredir o enojar fue la razón de odio por su orientación o identidad sexual".

Además, los especialistas afirman que solamente se demanda el diez por ciento de las situaciones que se generan de todos modos por distintos causas, como el sentimiento de desprotección, el temor a represalias o la vergüenza.

"Si eso es de esta manera, desde 2013 se han producido en España 20.000 delitos de odio, 5.000 de los que fué con motivo de orientación o identidad sexual", dijo Blanca Fernández.

La consejera de Igualdad y representante ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley LGTBI con la concordancia de todos y cada uno de los partidos, entidades LGTBI, institutos expertos y de la sociedad civil estructurada, "esto es, concordancia y consenso cerca de una ley que no se quedará en el cajón y el día de hoy es la exhibe".

Y un caso de muestra de esto es que, con la firma de este jueves y el trabajo iniciado ahora por la parte de la Consejería de Bienestar Social, se da cumplimiento a entre los preceptos que recopila el articulado de esta regla que ordena a que la Cooperación al Desarrollo tenga presente a la gente LGTBI.

Además, Blanca Fernández explicó que, inmediatamente, van "a proseguir cumpliendo con otros preceptos por el hecho de que nos encontramos testarudos en ser ejemplo en Castilla-La Mancha en un contexto en el que, tristemente, el estruendos es mucho más personaje principal que la política útil, que por supuesto existe pero que queda tapada por ese estruendos".

Y ha añadido que "cuando menos en este asunto, conseguimos aquilatar a nuestra zona a fin de que sea un oasis".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que en Castilla-La Mancha "no solo importan los derechos de nuestros ciudadanos LGBTI, sino más bien los de cualquier sitio de todo el mundo" y, con la adhesión a esta declaración, "nos comprometemos a que la visión de género y la pelea por la defensa de los derechos de la gente que conforman el colectivo se refleje de manera explícita en la primera Estrategia Regional de Cooperación, donde nos encontramos haciendo un trabajo".

Se trata de un plan sobre la que se sustentarán, más tarde, las diferentes convocatorias de subvenciones de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo y en cuya elaboración, según ha adelantado la titular de Bienestar Social, participará el colectivo LGTBI de manera activa, "como entre los actores clave".

"Contactaremos con nosotros y podréis hacernos aportaciones en esta estrategia, como instrumento de planificación y avance de la Cooperación de nuestra zona", ha subrayado Bárbara García Torijano, quien explicó que la intención del Gobierno regional es que todo el desarrollo esté concluido antes que concluya el año.

La consejera de Bienestar Social puso en valor ideas como esta Declaración de Mérida para "visibilizar el deber de los gobiernos progresistas con los derechos humanos y contra los alegatos de odio que contribuyen a que la discriminación hacia estas personas se perpetúe", ha concluido.