TOLEDO, 4 de diciembre. En un reciente pronunciamiento, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha hecho un llamado claro y preciso: la reforma de la ley de discapacidad que actualmente se elabora a nivel central debe ir acompañada de un presupuesto adecuado. Esta medida es crucial para no sólo mantener, sino también fortalecer las garantías que esta norma ofrece a los ciudadanos.

La consejera realizó estas afirmaciones en respuesta a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, tras el anuncio del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien indicó que el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia ya se encuentra “listo”. Sin embargo, García destacó la falta de convocatoria a un consejo territorial, lo que impide conocer a fondo los detalles de lo que se está preparando.

García expresó su preocupación respecto a la escasa información que han recibido hasta el momento, señalando que están a la espera de conocer cómo se concretará finalmente la ley. Esta incertidumbre dificulta la posibilidad de ajustar todos los recursos y la amplia cartera de servicios que las comunidades autónomas deben ofrecer para cumplir con los nuevos estipulados.

La consejera subrayó la necesidad de seguir avanzando en el ámbito de la dependencia y la discapacidad, para proporcionar a los ciudadanos cada vez más recursos y beneficios. En este sentido, pidió que las iniciativas no se reduzcan a "brindis al sol", sino que se fundamenten en un consenso sólido para que la población pueda ejercer plenamente sus derechos.

García hizo hincapié en que este proceso de mejora requiere, una vez más, de una mayor financiación. Reclamó que los presupuestos anuales deben aumentar y que se deben alcanzar los niveles mínimos previamente acordados en dependencia, enfatizando que aún quedan lejos del 50% de financiación prometido.

La consejera, en representación de Castilla-La Mancha, manifestó que las negociaciones de los próximos presupuestos son una oportunidad para incrementarse esa financiación el 50%. Actualmente, la contribución del Gobierno de España se sitúa en el 30%, pero todavía queda un 20% que representa una carga considerable para las autonomías en sus respectivos presupuestos.

Finalmente, Bárbara García reafirmó que el objetivo principal debe ser asegurar garantías para la ciudadanía. Para que Castilla-La Mancha continúe siendo líder en materia de dependencia, es fundamental contar con el respaldo y el compromiso de todas las administraciones involucradas, siendo el Gobierno de España uno de los actores más críticos en este proceso.