Castilla-La Mancha impulsa una nueva Ley de Voluntariado en 2023
El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara la aprobación de una nueva Ley de Voluntariado que se presentará en el Consejo de Gobierno en septiembre. La normativa busca actualizar el marco legal vigente, que data de hace más de 30 años, y reforzar el reconocimiento y la participación del voluntariado en la región. El texto ha superado ya los procesos de participación y aportaciones de entidades sociales y ciudadanos, y será sometido a diferentes consejos regionales antes de su tramitación parlamentaria.
Este avance se produce en un contexto en el que las administraciones públicas buscan consolidar modelos de participación social más inclusivos y adaptados a las necesidades actuales. La nueva ley pretende fomentar un sistema más reconocido, organizado y sostenible para las organizaciones y las personas voluntarias, además de potenciar la colaboración con entidades como Cruz Roja, que cuenta con una presencia significativa en Castilla-La Mancha.
La propuesta normativa refleja una estrategia política que apunta a posicionar a la región como referente en materia de voluntariado, recuperando su liderazgo histórico en esta materia. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que el objetivo es consolidar una política social participativa y comprometedora, en línea con la tradición y las demandas sociales de la comunidad autónoma.
Desde el punto de vista político, esta iniciativa responde a la voluntad del Ejecutivo regional de fortalecer las políticas sociales y de participación ciudadana, en un momento en que la atención a la vulnerabilidad y la cohesión social adquieren mayor relevancia. La tramitación en las Cortes permitirá incorporar aportaciones del sector social y de los grupos parlamentarios, para garantizar un marco normativo moderno y efectivo.
De cara al futuro, la aprobación de la ley abrirá caminos para ampliar y mejorar la red de apoyo social en Castilla-La Mancha, con un impacto positivo en la inclusión y la cohesión territorial. Se busca que la normativa sirva como una herramienta que impulse la implicación de más ciudadanos en actividades solidarias, especialmente en zonas rurales y despobladas, donde el voluntariado tiene un papel fundamental en la atención social.