Castilla-La Mancha insiste en un presupuesto adecuado para la PAC y fondos de cohesión
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado la necesidad de contar con un presupuesto suficiente en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para la Política Agraria Común (PAC), junto con reglamentos adaptados a las realidades del sector y fondos de cohesión que atiendan al medio rural. Estas demandas reflejan la posición del ejecutivo autonómico en un contexto de negociaciones en Bruselas, donde aún persisten debates sobre el volumen de fondos y la gobernanza del sistema.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, explicó en una visita al coto arrocero de Hellín que, tras avances iniciales, las negociaciones han entrado en una fase crucial en la que se requiere un compromiso firme de los Estados miembros. La posición de la comunidad autónoma se enmarca en el consenso alcanzado en el Consejo Consultivo, donde se defendió mantener el presupuesto y adaptar los reglamentos a las necesidades del sector agrícola y ganadero.
Desde Castilla-La Mancha, se advierte que reducir fondos o imponer normativas más estrictas sin apoyo financiero pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. La región, junto con otros 15 países europeos, reclama también fondos de cohesión suficientes para atender las necesidades del medio rural, entendiendo que el bienestar de estas comunidades es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del territorio.
Estas reclamaciones se producen en un momento en que la Unión Europea busca equilibrar los intereses económicos y sociales de sus regiones, en un contexto de incertidumbre por los cambios en las políticas agrícolas. La postura de Castilla-La Mancha refleja una visión de defensa del sector y del medio rural como elementos clave para la estabilidad y el desarrollo territorial.
De cara al futuro, la negociación en Bruselas continuará en las próximas semanas, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que asegure recursos adecuados y una gobernanza que respete las particularidades de las comunidades agrícolas. La comunidad autónoma mantiene su presión para que el acuerdo final tenga en cuenta estas prioridades, en línea con la política de protección del medio rural y la sostenibilidad del sector.
El resultado de estas negociaciones tendrá un impacto directo en la financiación del sector agrícola y ganadero en Castilla-La Mancha, y en la capacidad de las explotaciones para adaptarse a los cambios normativos sin perder competitividad o viabilidad económica. La comunidad continúa defendiendo que la política agrícola debe responder a las necesidades reales del medio rural para garantizar su futuro.