Castilla-La Mancha mejora la administración electrónica con documentos digitales válidos y auténticos.
TOLEDO, 14 Jun.
El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la administración electrónica con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de una orden que recoge los requisitos para la generación de copias electrónicas auténticas en sustitución de la documentación original. Esta medida garantiza la validez, eficacia y autenticidad de los documentos digitales generados por las entidades que forman parte del subsistema de archivos de los órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Comunidades.
La orden establece el procedimiento y los requisitos necesarios para la eliminación de documentos en soporte papel u otros formatos no electrónicos, pertenecientes al patrimonio documental de la Junta de Comunidades, y su sustitución por copias electrónicas auténticas. De esta forma, se promueve la conservación de la información contenida en los documentos de la región, garantizando su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad en el sistema corporativo de información.
Esta medida se aplica a documentos y expedientes en cualquier formato, físico o digital, generados en procedimientos regulados por normativas, y excluye aquellos sin valor administrativo, jurídico, histórico, científico o cultural. Las copias electrónicas auténticas deben realizarse a partir de un original o de otra copia auténtica, y serán expedidas por los órganos competentes de la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades.
Las copias electrónicas deben cumplir con normativas de interoperabilidad y seguridad, garantizando aspectos como autenticidad, integridad, confidencialidad, calidad y protección a largo plazo. Además, se trasladarán al Archivo Electrónico Único de la Junta de Comunidades para su conservación.
El proceso de digitalización y eliminación de documentos originales se llevará a cabo siguiendo normativas específicas y recomendaciones de la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha. Esta orden, diseñada por la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, entra en vigor el 15 de junio, un día después de su publicación en el DOCM.
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