Castilla-La Mancha publicará en julio un borrador para regular plantas de biometano
El Gobierno de Castilla-La Mancha anunciará en la primera semana de julio la apertura a información pública del borrador del decreto que regulará la instalación de plantas de biometano en la región. La medida busca dar respuesta a la necesidad de gestionar más de 15 millones de toneladas de residuos orgánicos generados en la comunidad, que actualmente no tienen un destino adecuado.
Este proceso legislativo se enmarca en una estrategia regional para fomentar la valorización de residuos orgánicos, en línea con las directrices europeas y nacionales que prohíben el vertido de ciertos residuos en vertederos. La regulación pretende garantizar una actividad económica útil y respetuosa con el medio ambiente, así como promover la innovación en energías renovables.
El borrador contempla un período de participación pública de 30 días, tras el cual se podrán presentar alegaciones. Durante esta fase, los proyectos de plantas deberán cumplir requisitos específicos, como la procedencia mayoritaria de materia orgánica del área de influencia (al menos el 80%) y la obtención de certificados municipales favorables. La regulación también priorizará proyectos ligados a la industria agroalimentaria y ganadera.
El avance en esta normativa responde a una postura de equilibrio entre la promoción del desarrollo económico y la protección ambiental, en un contexto de tensiones políticas y sociales sobre la implantación de nuevas instalaciones. La consejera Mercedes Gómez ha destacado que la iniciativa busca también evitar el incumplimiento de la legislación europea, que prohíbe el vertido de residuos orgánicos en vertederos.
La futura regulación convertirá a Castilla-La Mancha en la única comunidad autónoma con un marco legal propio para las plantas de biometano, lo que puede abrir nuevas oportunidades para la economía local y mejorar la gestión de residuos. La aprobación definitiva dependerá del proceso participativo y de la respuesta del sector empresarial y social.
Este paso legislativo se inscribe en una tendencia creciente hacia la transición energética en España, con un interés particular en soluciones sostenibles y respetuosas con la legislación europea. La región se posiciona así como un referente en innovación y gestión ambiental en el contexto nacional.