Castilla-La Mancha refuerza regulación sobre uso de móviles en centros educativos para 2026/2027
La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha establecido instrucciones que limitan el uso de teléfonos móviles en los centros educativos públicos para el próximo curso escolar 2026/2027. La normativa fija que en Educación Infantil y Primaria los alumnos no podrán llevar móviles, y en Secundaria Obligatoria su uso estará restringido durante toda la jornada, salvo excepciones pedagógicas. En Bachillerato y Formación Profesional, el uso será prácticamente prohibido en las aulas, con posibles excepciones determinadas por el profesorado.
Estas medidas responden a una estrategia de gobernanza digital y a la actualización del marco normativo regional, que busca mejorar la convivencia escolar y optimizar la gestión del personal. La normativa también regula aspectos organizativos clave, como reuniones de coordinación y condiciones de acceso a los centros, en línea con las directrices de la ley autonómica y las ordenanzas educativas vigentes.
El contexto político en Castilla-La Mancha refleja un interés por equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad y el bienestar en los centros educativos. La normativa se desarrolla en un marco de diálogo social y concertación, tras acuerdos con las organizaciones sindicales y participación en el Consejo Escolar, en un esfuerzo por legitimar las decisiones y garantizar su coherencia con la política educativa regional.
La implementación de estas instrucciones evidencia la voluntad de la Administración de reducir distracciones y fomentar un entorno pedagógico más centrado. La regulación también busca alinear las prácticas escolares con las normativas nacionales y europeas sobre digitalización en educación, anticipando futuras adaptaciones ante la creciente dependencia de las tecnologías digitales en el aprendizaje.
En perspectiva, esta normativa representa un paso más en la política educativa de Castilla-La Mancha, que pretende mejorar la convivencia y responder a los desafíos de la digitalización. Se espera que, en los próximos años, estas medidas sirvan como referencia para una gestión más equilibrada del uso de tecnologías en los centros públicos, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos en curso.