Ciudad Real denuncia reclamación de 600.000 euros por subvenciones del Plan Corresponsables
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado que la Junta de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, reclama la devolución de casi 600.000 euros concedidos en 2022 y 2023 para el programa Plan Corresponsables. La cantidad exacta suma 371.848,60 euros del año 2022 y 270.772,72 euros del año 2023, más intereses.
El requerimiento afecta a 990 familias beneficiarias y a 97 profesionales que ejecutaron los servicios, considerados esenciales para facilitar la conciliación familiar y laboral. La concejal de Igualdad, María José Escobedo, denuncia que la reclamación responde a un cambio de criterio administrativo, que podría estar motivado por diferencias políticas y no por irregularidades reales. La situación se enmarca en un contexto de tensiones políticas y recortes presupuestarios en la comunidad autónoma.
El Ayuntamiento sostiene que el dinero fue utilizado correctamente y que la validación de la justificación del año 2022 fue otorgada por el propio Instituto de la Mujer. La discrepancia surge en un momento en que las relaciones administrativas parecen estar marcadas por intereses políticos, afectando la credibilidad y la confianza en la gestión pública, además de poner en riesgo la continuidad del programa y la atención a las familias.
Desde la perspectiva del consistorio, esta reclamación representa una medida que podría poner en entredicho la estabilidad financiera del programa, que en los últimos años ha visto reducciones en su financiación. La reducción prevista para 2025 del 25% en fondos nacionales agrava la situación y limita las opciones de apoyo a las familias, que han sido atendidas mediante iniciativas como Ciudad Real Concilia, financiada íntegramente con fondos municipales.
El trasfondo político revela una disputa entre el gobierno local, de orientación diferente a la regional, y la Junta de Castilla-La Mancha, que ha adoptado una postura restrictiva en la gestión de subvenciones. La situación refleja además las tensiones derivadas de la gestión de fondos públicos en un contexto de recortes y cambios políticos en la comunidad, que podrían afectar la continuidad de programas sociales en el futuro cercano.
De cara al futuro, se espera que el Ayuntamiento presente alegaciones y solicite una revisión de la reclamación, además de promover medidas para garantizar la estabilidad de los programas de apoyo a las familias. La situación pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre administraciones y la necesidad de mantener la continuidad en las políticas sociales, independientemente de los cambios políticos, para proteger los derechos de las familias y los profesionales implicados.