El Gobierno Municipal de Ciudad Real ha decidido implementar un ambicioso plan de seguridad, diseñado para hacer frente a las numerosas quejas ciudadanas en este ámbito. Esta decisión surge tras una serie de asambleas con habitantes de diferentes barrios que tuvieron lugar desde finales del verano.

Este martes, el alcalde Francisco Cañizares, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, dio a conocer los detalles del Plan Estratégico de Seguridad, que será presentado a los presupuestos municipales de 2026 para su aprobación.

El nuevo plan tiene como objetivos clave aumentar el número de agentes de la Policía Local, modernizar sus recursos materiales y tecnológicos, mejorar la coordinación con otras fuerzas de seguridad y abordar la percepción de inseguridad que existe entre los ciudadanos, a pesar de que las estadísticas reflejan a Ciudad Real como una de las ciudades más seguras de España.

Cañizares señaló que esta iniciativa responde a preocupaciones específicas de los vecinos de barrios como San Martín de Porres y La Granja, donde la seguridad ha emergido como una de las prioridades más alarmantes entre la ciudadanía.

Aunque el Ayuntamiento carece de competencias directas en materia de seguridad, el alcalde enfatizó que es esencial atender la percepción de los ciudadanos, por lo que se ha optado por desarrollar esta estrategia en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Entre las medidas más relevantes, el equipo de gobierno se ha comprometido a garantizar que el número de agentes de la Policía Local supere las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y explorar nuevos modelos de servicio, como la “policía de barrio”, adaptando la vigilancia a las necesidades de cada área.

El plan también incluirá una mejora en los recursos materiales de la Policía Local, que contará con nuevos vehículos, motocicletas y tecnología avanzada, como drones y sistemas de videovigilancia, enfocándose especialmente en los barrios de las afueras y áreas cercanas a las principales vías. Estas iniciativas requerirán la autorización correspondiente de la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde ha reconocido que, aunque los datos sugieren que Ciudad Real se encuentra en una situación privilegiada en relación con otras ciudades, se ha observado un aumento preocupante en robos, ocupaciones ilegales y entradas a domicilios, lo que ha llevado a una creciente sensación de inseguridad entre los ciudadanos.

Cañizares adelantó que los presupuestos de 2026 incluirán partidas específicas para este plan, buscando un aumento global de cerca de un millón de euros en comparación con 2023, destinado a ampliar las plantillas y mejorar los mecanismos de prevención y coordinación en seguridad.

El alcalde también enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad no se trata únicamente de incrementar el número de agentes, sino de reestructurar cómo se brindan los servicios y de establecer una planificación a medio y largo plazo, puesto que la ampliación de personal no es una solución inmediata.

Respecto a las discusiones mantenidas en la Junta Local de Seguridad sobre el poblado chabolista de San Martín de Porres, Cañizares destacó que esta problemática no es nueva y que requiere un enfoque por parte de la Administración regional que, a pesar de tener un plan desde 2023, no ha avanzado debido a la falta de financiación adecuada.

El alcalde apuntó que la situación ha empeorado por el aumento en el tráfico y consumo de drogas, lo cual ha tenido un impacto directo en la percepción de inseguridad en la zona. Informó que, en controles recientes, se han registrado más infracciones relacionadas con drogas que con alcohol, lo que indica un cambio importante en los comportamientos en esa comunidad.

Asimismo, Cañizares recordó que el Ayuntamiento colabora en la gestión administrativa del proceso y ha mantenido comunicación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para esclarecer la situación de ciertas propiedades que, si bien están inscritas en el Instituto de la Vivienda, pertenecen a la Administración regional y requieren acciones para mejorar y derribar estructuras antiguas.

Esta colaboración administrativa podría facilitar la autorización para demoliciones específicas y mejorar las condiciones habitacionales en viviendas construidas hace más de medio siglo.

El alcalde destacó que en el área residen personas en condiciones de vulnerabilidad, lo que subraya la necesidad de una respuesta que aborde no solo las cuestiones urbanísticas, sino también el vínculo entre el tráfico de drogas y el incremento de la inseguridad en la zona.

Desde el año 2012, se han llevado a cabo alrededor de 40 demoliciones, aunque muchas más siguen pendientes debido a la complejidad de gestionar los escombros, que en ocasiones contienen amianto, lo que requiere la coordinación con diversas administraciones.

Por último, Cañizares advirtió que la problemática de San Martín de Porres no puede simplificarse a un enfoque urbanístico, sino que demanda una intervención social y administrativa integral para su solución.