CLM permite acusación popular en caso de asesinato machista de mujer embarazada en Escalona
TOLEDO, 13 Dic. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado que el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades ejerza la acción popular en el caso del asesinato por violencia de género de Elena, una mujer de 33 años embarazada, en Escalona (Toledo) el pasado 28 de diciembre de 2022, presuntamente a manos de su expareja.
Esta medida se basa en el artículo 35 de la Ley 4/18 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que establece que la Junta se personará ejerciendo la acción popular en los procedimientos penales por violencia de género en casos de homicidio o asesinato, o cuando las circunstancias lo aconsejen.
La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha destacado que esta ley refleja el compromiso y la voluntad política de apoyar a las víctimas y sus familias, y asegurarse de que se haga justicia. Además, ha subrayado la importancia de pasar de un compromiso político a una obligación legal para garantizar que, sin importar quién esté en el gobierno, sea necesario intervenir en estos casos penales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ya se ha personado en 46 ocasiones en casos de violencia de género, 40 de ellos relacionados con el asesinato de la víctima y 6 por lesiones graves. Padilla ha enfatizado la postura del Gobierno regional en contra de los agresores y aquellos que justifican o legitiman la violencia machista mediante su invisibilización o discursos peligrosos.
La portavoz también ha expresado que el negacionismo de esta problemática solo debilita a las víctimas y fortalece a los agresores. El Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido a apoyar a las víctimas y sus familias, y destinará 27 millones de euros en 2024 a la lucha contra la violencia de género a través de centros, recursos y entidades dedicadas a combatir esta lacra social.
Por último, Padilla ha argumentado que la violencia machista no es un caso aislado ni un problema doméstico, sino un problema de dimensión estructural y social al que los responsables políticos tienen la obligación moral y política de intervenir.