• martes 31 de enero del 2023

Consistorios van a poder opinar hasta el 7 de enero sobre el emprendimiento de la Junta para edificar casas en suelo público

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TOLEDO, 16 Dic.

La Dirección General de Vivienda ha abierto un periodo de tiempo a fin de que municipios y entidades dependientes de Castilla-La Mancha, muestren manifestaciones de interés sobre la oportunidad de edificar casas energéticamente eficaces destinadas al alquiler popular o a precio accesible en suelo de titularidad pública en su ámbito territorial.

Los apasionados van a poder enseñar sus manifestaciones desde este viernes y hasta el día 7 de enero de 2023, a través de la cumplimentación de un formulario electrónico de obtenida de datos y documentación que se requiere para el "programa de contribuye a la construcción de casas en alquiler popular en inmuebles energéticamente eficaces", libre en el Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, en el link https://participacion.castillalamancha.es/node/1430.

Así consta en la resolución de la Dirección General de Vivienda que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recopila Europa Press, donde se señala que este programa de construcción de casas en alquiler popular o a precio accesible en inmuebles energéticamente eficaces está regulado en el capítulo VII del Real Decreto 853/2021, por el que se regulan los programas de asistencia en temas de rehabilitación residencial y vivienda popular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, programa cuyas peculiaridades básicas se establecen en el anexo a esta resolución.

Los apasionados deben tener suelo calificado como residencial de titularidad pública; tener una edificabilidad mínima de 44 casas, para crear un edificio de tipología colectiva.

Dicho programa quiere promover y también aumentar el parque público de casas energéticamente eficaces destinadas al alquiler popular o a precio accesible, a través de la promoción de casas de novedosa construcción o rehabilitación de inmuebles no premeditados hoy en día a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública, tanto de gestiones públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho público, como de compañías públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas en la mayoría de los casos por las gestiones públicas, para ser destinadas al alquiler o cesión en empleo.

Estas ofertas van a poder ser financiadas en su integridad por los promotores públicos más allá de que, prioritariamente, van a deber fomentarse fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la utilización de los fondos públicos.

Los promotores de las casas públicas van a poder conseguir una asistencia, proporcional a la área útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado de área útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no va a poder sobrepasar los 50.000 euros por vivienda, sin que en ningún caso logre sobrepasar del coste de las actuaciones subvencionables.

La inversión de la actuación, a los efectos de la determinación de la asistencia de este programa, va a estar constituida por todos y cada uno de los costos inherentes a la promoción de que se trate.

Se incluye el coste de la edificación, los costos en general, de los reportes preceptivos, el beneficio industrial y alguno otro preciso, mientras que todos ellos consten adecuadamente acreditados.

Podrán conseguir financiación a cargo de las ayudas de este programa las ofertas de casas de novedosa construcción o que proceden de la rehabilitación de inmuebles no premeditados en la actualidad a vivienda, que se destinen al alquiler popular o cesión en empleo en el transcurso de un período mínimo, en los dos casos, de 50 años.

Para poder conseguir financiación a cargo de las ayudas del programa, las edificaciones que se edifiquen o rehabiliten van a deber tener un consumo de energía principal no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 60.1 del producto 59 del Real Decreto 853/2021, dependiendo de la región climática donde se ubique el edificio.

Las casas construidas se tienen que calificar de manera expresa como casas protegidas, cuyo régimen jurídico se ajustará al predeterminado para las casas de protección oficial de régimen general, regulado en el Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las casas con protección pública y en el Decreto 173/2009, de diez de noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, con tres salvedades: van a poder ser inquilinas, la gente con capital familiares corregidos no superiores a 5 ocasiones el IPREM; la duración mínima del régimen de alquiler va a ser de 50 años, que va a deber figurar en la calificación o declaración provisional; la duración del período mínimo de protección va a ser de 50 años; el valor máximo por mes de la renta o precio de cesión de empleo va a ser de 577,60 euros.

A 30 de junio de 2026 las proyectos han de estar finalizadas, se debe de tener el certificado de eficacia energética de edificio terminado y se haya producido y conste la anotación registral de la afectación del edificio a la intención por 50 años.

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