En un análisis de la situación actual de la eutanasia en España, los datos revelan un panorama preocupante desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021. Hasta el 31 de diciembre de 2023, se han tramitado un total de 1.515 solicitudes de ayuda para morir. Este fenómeno ha mostrado un incremento notable, con cifras que indican 173 solicitudes en 2021, 576 en 2022 y un alarmante aumento a 766 en 2023, lo que representa un crecimiento del 32,9 por ciento en el último año y un asombroso aumento del 342 por ciento desde la implementación de la ley.

El informe de evaluación anual 2023 publicado por el Ministerio de Sanidad pone de manifiesto esta situación. De las 766 solicitudes presentadas el año pasado, el 76% fueron aceptadas, resultando en un total de 334 prestaciones efectivamente realizadas. Por otro lado, 188 solicitudes fueron denegadas y, de estas, se presentaron 78 reclamaciones, de las cuales 32 fueron resueltas a favor de los solicitantes.

Es importante destacar que entre las solicitudes aceptadas en 2023, 21 fueron revocadas por los propios solicitantes y 33 se encontraban aplazadas. En un hecho que resalta la gravedad del asunto, 190 solicitantes fallecieron durante el proceso, con un tiempo promedio de 30 días desde que realizaron la solicitud hasta su deceso.

Los datos también revelan variaciones significativas en las comunidades autónomas, siendo Cataluña la región que acumuló el mayor número de solicitudes, con 219. Le siguen Madrid con 89, Canarias con 62 y País Vasco con 58. También se reportan cifras en otras comunidades como la Comunidad Valenciana (56), Andalucía (43), y Galicia (41), entre otras regiones con números significativamente más bajos como La Rioja (4) y Murcia y Extremadura (2).

Al observar el perfil de quienes solicitan estas ayudas, se identifica que la media de edad se sitúa entre los 70 y 79 años, con un 35% de estos solicitantes padeciendo enfermedades oncológicas y otro 35% enfermedades neurológicas, en muchos casos en situaciones de gravedad extrema. Cabe señalar que, aunque el 95% de los solicitantes contaban con capacidad de hecho al inicio del proceso, un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad.

El tiempo promedio desde la solicitud hasta la prestación efectiva de ayuda para morir se ha registrado en 67 días, con una mediana de 54,2 días. Curiosamente, un 25% de los solicitantes fallecieron antes de que se resolviese su solicitud, lo que representa un dato alarmante, dado que la media de tiempo desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.

Estos datos nos obligan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la eutanasia en España y las implicaciones éticas, sociales y personales que conlleva, planteando un debate que no puede pasar desapercibido.