En un acto contundente que tuvo lugar el pasado lunes, el sindicato CSIF llevó a cabo una serie de concentraciones en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. El objetivo de estas manifestaciones fue exigir un nuevo acuerdo salarial para los funcionarios y empleados públicos, que esté directamente vinculado al Índice de Precios de Consumo (IPC). La principal demanda del sindicato es la necesidad de "recuperar el poder adquisitivo" de este colectivo, que ha visto mermado su salario en los últimos años.

La presidenta de CSIF en la provincia de Ciudad Real, Cristina Donate, se presentó ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real al lado del presidente regional del sindicato, Lorenzo Domínguez. En su discurso, Donate denunció que los trabajadores del sector público en Castilla-La Mancha han sufrido una pérdida salarial que supera el 20%. Por esta razón, exigió un acuerdo plurianual que esté atado a la evolución del IPC, con el fin de poner un alto a esta problemática que afecta a miles de familias en la región.

Además, Donate hizo hincapié en la necesidad de destinar fondos adicionales para eliminar lo que calificó como "desigualdades retributivas" que persisten entre las distintas administraciones, a pesar de que los trabajadores realizan las mismas funciones. "A igual trabajo, igual salario", enfatizó, subrayando la importancia de la equidad en la retribución de los empleados públicos.

Las condiciones laborales de los trabajadores públicos también fueron parte fundamental de las reivindicaciones expresadas. Se solicitó una mejora en aspectos como la jornada laboral, pidiendo un refuerzo al carácter básico del TREBEP, que establece una jornada de 35 horas laborales. Igualmente, demandaron la implementación de la carrera profesional, promoción interna, movilidad, la supresión de la tasa de reposición y el fomento del teletrabajo como medidas que mejorarían notablemente el entorno laboral de los funcionarios.

El sindicato CSIF también destacó la urgencia de obtener una financiación adecuada para entidades como Muface, Mugeju e Isfas. Este financiamiento es considerado esencial para "garantizar una cobertura sanitaria y asistencial justa" para los empleados públicos, que merecen recibir un tratamiento digno en este aspecto fundamental de su bienestar.

Finalmente, en su intervención, Donate demandó mejoras en las condiciones de jubilación y abogó por la permanencia del régimen de clases pasivas. Hizo énfasis en la necesidad urgente de corregir las "desigualdades en la cuantía de las pensiones", un tema que afecta a muchos que han dedicado su vida al servicio público.

Al concluir su exposición, la presidenta provincial de CSIF atacó la "parálisis" de las autoridades nacionales y regionales, a quienes acusó de mantener en el "olvido" a los empleados públicos. Criticó, además, que se perpetúan los recortes implementados en Castilla-La Mancha por María Dolores de Cospedal, los cuales, según Donate, siguen vigentes gracias a la administración de García-Page. Este panorama, según el sindicato, exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes.