Cuenca resuelve expedientes de dependencia en 62 días, frente a los 320 nacionales
La provincia de Cuenca gestiona los expedientes de dependencia en un promedio de 62 días, significativamente por debajo de la media nacional, que alcanza los 320 días. Castilla-La Mancha en su conjunto mantiene tiempos de resolución en torno a los 166 días, consolidando su liderazgo en gestión eficiente del sistema.
Estos datos reflejan los esfuerzos del Gobierno regional en el desarrollo y optimización de la Ley de Dependencia, así como en la inversión en recursos públicos. La región destina actualmente más de 2,2 millones de euros a la residencia pública de Carboneras de Guadazaón, con mejoras en infraestructura y sostenimiento hasta 2027. La residencia, con 33 plazas, es un recurso clave para la atención en zonas rurales y para la fijación de población.
Desde una perspectiva política, estos resultados muestran un compromiso claro de la administración regional en garantizar una atención de calidad y promover la equidad en el acceso a servicios públicos. La gestión eficiente también busca fortalecer la red de residencias en Cuenca, que cuenta con 45 centros y más de 1.800 plazas financiadas públicamente.
El contexto más amplio revela que Castilla-La Mancha lidera la cobertura de plazas residenciales con financiación pública en toda España, con aproximadamente el 80% de las plazas apoyadas por fondos públicos. El incremento del 86% en el presupuesto dedicado a dependencia desde 2015 evidencia la prioridad política en este ámbito. La reciente propuesta del Gobierno de España para aumentar la financiación del sistema refleja una tendencia a reforzar los recursos autonómicos.
Mirando hacia el futuro, la comunidad autónoma pretende mantener esta tendencia mediante nuevas inversiones y mejoras en infraestructuras. La continuidad en la gestión eficiente y el incremento de recursos públicos serán claves para afrontar los desafíos demográficos y garantizar la atención a las personas mayores en el medio rural, un objetivo prioritario en la política social regional.