TOLEDO, 10 de diciembre.

La tesorera de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por lo que considera una "tanatofobia" en la sociedad actual. Durante una conferencia en Toledo, subrayó la necesidad de reflexionar sobre la muerte, vista como el cierre natural de la vida, y llamó a las autoridades regionales a intensificar la divulgación de los derechos relacionados con una muerte digna.

La presentación de esta nueva asociación, creada en noviembre, tiene como objetivo fomentar una cultura que valore la muerte digna y convertirla en un aspecto socialmente aceptado. La dirigente lamentó que la población de Castilla-La Mancha se encuentre entre las más rezagadas en la solicitud de testamentos vitales, esenciales para expresar de manera anticipada las preferencias sobre los cuidados en situaciones de enfermedad terminal.

En una rueda de prensa junto a la presidenta regional, Blanca Calvo, Castillo destacó que solo un bajo porcentaje de la población, 5,93 por cada 1.000 habitantes, ha solicitado su Declaración de Voluntades Anticipadas. En comparación, territorios como Navarra y el País Vasco presentan cifras mucho más elevadas, lo que evidencia una falta de conciencia en la comunidad.

Hasta mediados de 2025, se contabilizan 13.505 solicitudes en la región, con desagregaciones por provincias. Albacete, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara y Cuenca son las diferentes zonas donde se han registrado estas peticiones, siendo la mayoría de los solicitantes personas de más de 65 años.

La representante de Morir Dignamente hizo un llamado a los ciudadanos a prepararse adecuadamente para su "último viaje", resaltando que sin una declaración escrita, varios derechos no podrán ejercerse en caso de incapacidad. Insistió en que una muerte digna requiere una planificación consciente y fundamentada.

El compromiso de la asociación se centra en empoderar a los ciudadanos e incrementar la visibilidad de sus derechos. Esto, según Castillo, deberá ser apoyado por la Administración autónoma. "Estamos dispuestos a hacer nuestra parte en la difusión de esta información", señaló.

Por su parte, Blanca Calvo, presidente de la asociación, informó que actualmente cuentan con 113 socios en Castilla-La Mancha y que el objetivo de constituirse como entidad regional es mejorar la representación ante las autoridades y ayudar a aquellos que enfrentan dificultades al gestionar su declaración de voluntades anticipadas o su solicitud de eutanasia.

Como parte de sus esfuerzos, la asociación pronto habilitará una línea telefónica para ofrecer asistencia personalizada a los interesados.

En relación con la eutanasia, Calvo reveló cifras desde la aprobación de la ley hasta la actualidad, especificando que de las 28 solicitudes presentadas entre 2021 y 2023, se han ejecutado 19. También hizo hincapié en la necesidad de acelerar los procesos y de que los gobiernos rindan cuentas sobre la situación de la eutanasia en sus respectivas comunidades.

Finalmente, Calvo abogó por la creación de un registro de objetores y solicitó que se establezcan compensaciones para los profesionales de la salud implicados en la eutanasia, dado que este trabajo conlleva una carga adicional considerable. Además, pidió modificaciones legales que eviten la judicialización de los casos de eutanasia, recordando experiencias traumáticas vividas por personas en otras comunidades.