En un importante operativo que ha conmovido a la sociedad española, la Policía Nacional, en colaboración con Europol y Eurojust, ha desmantelado una vasta organización criminal de carácter internacional, que operaba no solo en España sino también en países como Serbia, Macedonia del Norte y Grecia. Este grupo delictivo estaba presuntamente involucrado en el tráfico de personas, en específico, la llegada clandestina de ciudadanos cubanos a territorio español. En esta operación, se realizó una detención en la provincia de Toledo, reflejando la extensión de su actividad delictiva.

Los migrantes, en su búsqueda de mejores condiciones de vida, volaban inicialmente hacia Serbia. Desde allí, eran trasladados en vehículos a Grecia, donde abordaban un segundo vuelo que los llevaría a España. Esta organización se acusa de haber facilitado la entrada ilegal de, al menos, 67 ciudadanos cubanos, cobrando por cada uno alrededor de 10.000 euros, lo que subraya la mercantilización de la tragedia humanitaria que viven muchos en su país natal.

En total, 36 personas han sido detenidas en varias provincias de España, entre las cuales se encuentran cuatro líderes de la organización que han sido ingresados en prisión de manera provisional. Esta captura resalta la determinación de las autoridades para combatir el crimen organizado que explota la vulnerabilidad de los migrantes.

La investigación que llevó a este desenlace tuvo su inicio en enero de 2023, cuando las autoridades alemanas informaron a la Policía Nacional sobre la detención de una mujer cubana en uno de sus aeropuertos. La detenida, que provenía de Belgrado y viajaba hacia Madrid, portaba un DNI español que había sido sustraído, lo que despertó las alarmas y llevó a la Policía a ahondar en sus conexiones criminales.

Las pesquisas realizadas permitieron confirmar la existencia de esta red especializada en la trata de personas, específicamente cubanos que deseaban emigrar hacia España. La organización se encargaba de captar a sus víctimas en Cuba a través de una supuesta agencia de viajes legal, que en realidad funcionaba como una tapadera para llevar a cabo actividades ilegales, trasladando a los cubanos hacia Belgrado, frecuentemente haciendo una escala en Alemania.

Al llegar a Serbia, los migrantes eran trasladados a Grecia en un viaje que planteaba graves riesgos para su seguridad. A lo largo de la ruta, eran alojados en casas de seguridad y confiados a "conductores piratas" o "coyotes", quienes se encargaban de facilitar cruces fronterizos ilegales, muchas veces poniendo en peligro la vida de estos seres humanos, al transportarlos en condiciones extremas, como en maleteros de vehículos que circulaban a gran velocidad.

Ya en Grecia, la organización proporcionaba documentación falsa o documentos originales de nacionales españoles, utilizando el método conocido como 'look alike', permitiendo así que los migrantes pudieran volar desde Atenas hacia España sin ser detectados.

Las investigaciones han permitido documentar al menos 40 casos de facilitación de la inmigración ilegal mediante este esquema, que no solo vulnera la ley, sino que también pone en riesgo la vida de las personas que buscan una mejor vida en España. Los costos asociados, que rondan los 10.000 euros por migrante, revelan el alto coste que deben asumir muchos por el deseo de una nueva oportunidad.

De los 36 arrestados, los cuatro que ocupaban cargos directivos desempeñaban funciones cruciales en la operación. Dos miembros se ocupaban de la captación y obtención de billetes de avión, así como de las cartas de invitación necesarias para que los migrantes accedieran a Serbia. Los otros dos organizaban el trayecto terrestre y gestionaban los documentos con los que los migrantes volaban desde Grecia a España, haciéndose pasar por ciudadanos españoles.

Para llevar a cabo sus actividades delictivas y recibir los pagos, los líderes de esta red establecieron una intrincada red de cuentas bancarias en Bélgica, muchas de ellas abiertas con documentación falsa para evitar la detección. Sin embargo, gracias a la cooperación jurídica internacional, estas cuentas han sido localizadas, bloqueadas y embargadas.

Los arrestos de estos cuatro responsables se llevaron a cabo en las provincias de Alicante y Málaga, mientras que los restantes 32 detenidos, que actuaban como intermediarios entre la organización y los migrantes, fueron capturados en diversas localidades, incluyendo Alicante, Barcelona y Las Palmas, entre otras. Esto enfatiza la magnitud de la red y su impacto a nivel nacional.

El operativo final también resultó en tres registros domiciliarios, de los cuales dos se realizaron en Alicante y uno en Málaga, donde se incautaron 7.550 euros en efectivo, así como una considerable cantidad de material informático y documentación que es clave para la continuación de la investigación. Este operativo resalta la lucha continua de las fuerzas del orden frente a redes de tráfico de personas que socavan la seguridad y la legalidad en nuestro país.