Crónica Castilla-La Mancha.

Crónica Castilla-La Mancha.

Dos personas enfrentan cargos por retirar fibrocemento en Guadalajara de forma ilegal y sin la capacitación necesaria.

Dos personas enfrentan cargos por retirar fibrocemento en Guadalajara de forma ilegal y sin la capacitación necesaria.

En Guadalajara, el Seprona de la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la investigación de dos individuos, acusados de varios delitos graves relacionados con la protección del medio ambiente, así como con la falsificación de documentos y violaciones de derechos laborales.

Los sospechosos, al frente de una empresa que se especializa en la retirada de placas de fibrocemento, material altamente tóxico debido a su contenido de amianto, han realizado sus actividades sin contar con las autorizaciones exigidas ni con el entrenamiento necesario para manejar este tipo de residuos de forma segura, tal y como informó la Guardia Civil en un comunicado oficial.

A pesar de las normas climáticas vigentes, estos individuos optaron por desechar el fibrocemento de manera irresponsable en la naturaleza. Para encubrir sus acciones ilegales, presentaron documentos falsificados que indicaban que el material había sido entregado a un centro especializado que, en realidad, nunca recibió tal carga. Adicionalmente, emplearon a trabajadores sin la formación adecuada y sin las medidas de protección requeridas por la ley.

Las investigaciones han revelado la existencia de hasta 18 vertederos ilegales en diferentes localidades dentro de la provincia, donde se estima que se han desechado alrededor de 2.314 metros cuadrados de fibrocemento, una cantidad que se asemeja a la superficie de dos piscinas olímpicas.

Estos vertidos no solo suponen un desafío legal para los involucrados, sino que también representan un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente. De acuerdo con un análisis realizado por la Unidad Técnica del Seprona, la cifra necesaria para mitigar el impacto ambiental causado por estos actos podría superar los 106.000 euros, lo que resalta la seriedad de esta situación ambiental en la región.