TOLEDO, 21 Nov. - La organización conservacionista Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha manifestado su preocupación respecto a un nuevo anteproyecto de Ley orientado a la Simplificación y Agilización Administrativa en la región. Según sus declaraciones, esta legislación podría resultar en un debilitamiento significativo de las garantías medioambientales que rodean la aprobación de nuevos proyectos. La razón de este descontento radica en que el control y supervisión de tales iniciativas podrían ser trasladados a entidades privadas, despreciando así la labor realizada actualmente por funcionarios de la administración pública regional.

Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, la creación de las llamadas "entidades colaboradoras de la Administración" representa una preocupante renuncia a las obligaciones estatales y un debilitamiento del servicio público en aras de intereses que no necesariamente son los del bien común. En una nota de prensa, la organización eco-conservadora ha subrayado que este enfoque puede llevar a una seria erosión del interés público en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.

La citada Ley, frente a la cual Ecologistas en Acción ha interpuesto alegaciones, despierta alarmas sobre un posible camino hacia la privatización de servicios que, según la organización, no ha demostrado beneficios en sectores como la sanidad, la educación o el cuidado de ancianos, donde, por el contrario, han prevalecido problemas de eficiencia y calidad.

Particularmente criticable para Ecologistas en Acción es el hecho de que el único requisito para que una entidad colaboradora privada obtenga autorización sea una simple declaración responsable. Este punto resulta inaceptable para quienes defienden que la supervisión de estos nuevos proyectos, sobre todo aquellos que implican riesgos ambientales significativos, debería seguir estando en manos de empleados públicos debidamente cualificados y con la formación necesaria para garantizar una correcta gestión.

La organización ha señalado que es "muy preocupante" la manera en que la nueva normativa podría interpretar de forma positiva los silencios administrativos. Ello podría abrir la puerta a la aprobación de proyectos sensibles, sin una evaluación adecuada, lo que representa un claro riesgo para el entorno y la comunidad afectada. Así, insisten en que el silencio administrativo debería conducir a efectos negativos en lo que respecta a la concesión de autorizaciones.

Además, la crítica se extiende al aspecto de la reducción de plazos administrativos, que pueden influir en procesos ambientales, ya que podrían acortar los períodos destinados a la información pública, limitando las oportunidades para que los ciudadanos presenten alegaciones y opiniones. Esta situación deja entrever un posible desamparo para la población en términos de participación y defensa de sus derechos.

Ecologistas en Acción destaca que de un total de nueve normativas que se verían afectadas por esta Ley, cinco están relacionadas con competencias en materia ambiental y de desarrollo sostenible, abarcando áreas tan diversas como urbanismo, gestión forestal, caza, contaminación y evaluaciones ambientales estratégicas.

Aunque la asociación está a favor de la creación de una comisión específica destinada a la agilización de procesos administrativos, recalca que este esfuerzo debe respetar el principio de no regresión en cuestiones ambientales y, de ninguna manera, puede perjudicar la naturaleza de servicio público que debe prevalecer en estas áreas.