• domingo 29 de enero del 2023

El Consejo de Estado acredita los 12 proyectos de cuenca, pero solicita progresar la coordinación en el trasvase Tajo-Segura

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   MADRID, 20 Ene.

El Consejo de Estado cree que el emprendimiento de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los proyectos hidrológicos para el periodo de tiempo 2023-2027 "puede ser aprobado", si bien solicita al Gobierno que introduzca "mucho más claridad" en su redacción, integre la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la preservación de los caudales ecológicos y resuelva, "especialmente", la carencia de coordinación entre los proyectos hidrológicos del Tajo y del Segura.

El dictamen del Consejo de Estado, al que tuvo ingreso Europa Press, fue aprobado unánimemente y remitido al Ministerio para la Transición Ecológica este jueves. El informe cree que "no hay óbices" de índole procedimental para aprobar la regla iniciativa, pero informa al Ejecutivo de que ciertas votaciones y visualizaciones efectuadas por este órgano consultivo a lo largo de todo el desarrollo de tramitación que "no fueron actualizadas tras la última redacción del Real Decreto".

De esta manera, el órgano consultivo recuerda la necesidad de comprobar estos puntos en la redacción final del archivo. Del mismo modo, cree que "debe hacerse una perfeccionada revisión" del archivo para actualizar su contenido en diferentes puntos.

En cuanto a los proyectos hidrológicos del Tajo y del Segura, el dictamen del Consejo de Estado valora una "falta de coordinación" que el Real Decreto "no solventa" y informa de que esto puede ocasionar no únicamente una falta de congruencia entre los proyectos de cada confederación hidrográfica, sino más bien asimismo a "una afección importante a un factor de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo-Segura".

De esa forma, mira que la "falta de congruencia" entre proyectos proviene de la coyuntura de que las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Segura han confeccionado sus propios proyectos hidrológicos partiendo de niveles distintos.

Por este motivo, añade que esa evaluación de desenlaces no se prosigue "ninguna consecuencia" o efecto para las cuencas receptoras del trasvase del Tajo-Segura (por lo menos en el período de planificación al que el emprendimiento tiene relación).

Además de esto, advierte de que la predisposición agregada novena --donde se determinan los caudales ecológicos del Tajo-- no cumple "apropiadamente" la función organizadora para la que fue concebida en origen.

"Este Consejo cree que resulta preciso arbitrar un mecanismo eficiente para la coordinación de los proyectos hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y con relación a la normativa reguladora del trasvase. Esta coordinación le corresponde, en último término, al Gobierno de la nación, que tiene que aprobar los proyectos hidrológicos en los términos que estime procedentes dependiendo del interés general", resalta.

Para la institución consultiva, la "satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, terminado y vinculante, que el plan del Tajo tiene siempre que detallar, se realice coincidente con un factor de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase a través de el acueducto del Tajo-Segura".

En ese sentido, cree que en la redacción de hoy, esa predisposición agregada no tiene la ocupación bastante para conseguir esa coordinación y cohonestar las primordiales demandas de tener caudales ecológicos en el plan del Tajo con el desempeño del trasvase del Tajo-Segura.

Como probables resoluciones a la carencia de coordinación, el Consejo de Estado ofrece, primeramente, hacer antes una revisión del conjunto normativo concreto que regula este trasvase y sus reglas de explotación. En segundo sitio, expone que debiese considerarse asimismo la procedencia de detallar criterios especialistas y metodologías mucho más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios recurrentes para todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas, ajustables en todas y cada una de las cuencas para la fijación de esos caudales.

ABUSO DEL TRÁMITE DE URGENCIA

Por otra parte, el dictamen del Consejo de Estado, "llama la atención" al Gobierno sobre la necesidad de "eludir el abuso de las consultas urgentes", particularmente con relación a las reglas que --como la en este momento consultada-- que muestran aparte de una "enorme dificultad" una relevancia "primordial" desde el criterio económico, popular yambiental y son además de esto "susceptibles" de ocasionar, como ha sucedido con los proyectos que corresponden a los precedentes ciclos, una "amplia y extensa litigiosidad".

Además, influye en la relevancia de no redundar este abuso especialmente en el momento en que el desarrollo previo se ha retrasado un año, incumpliéndose lo plazos de derecho de la Unión Europea, en tanto que la planificación debía haberse remitido antes del 1 de enero de 2022.

Asimismo afea al Gobierno de qué forma transcurrió la votación en el Consejo Nacional del Agua en tanto que del expediente remitido se desprende que el enfrentamiento y votación no se desarrollaron con la claridad y la transparencia con las que debiesen haber pasado.

De esta manera, deduce de las explicaciones adjuntadas al informe del Consejo Nacional del Agua que existió "alguna confusión" sobre si el artículo de la predisposición agregada novena que se votaba era el original o el propuesto in voce por el secretario de Estado de Medio Ambiente, con lo que varios de los votos se difundieron condicionadamente a que la redacción fuera una u otra.

Con esto, a juicio del Consejo de Estado "habría sido deseable" que la votación en el Consejo Nacional del Augua se hubiese producido sobre "una iniciativa clara y específica" del artículo, predominantemente por escrito y de modo particular con relación a un aspecto tan importante como el tratado en la predisposición agregada novena --que incluye los caudales ecológicos del Tajo--, que perjudica a múltiples cuencas hidrográficas y del que se derivan "visibles efectos socioeconómicos y medioambientales".

No obstante, el dictamen no cree que en el trámite del informe se haya incurrido en una vulneración de la capacitación de la intención del órgano colegiado esencial de una nulidad de pleno derecho.

Si bien reitera que que el enfrentamiento y la votación debieron prestar mayor certeza, opina el Consejo de Estado que la opinión del Consejo Nacional del Agua fue "válidamente formulada" a efectos de integrar la participación y solicitud que el ordenamiento le confía.

Otro aspecto que semeja haber incomodado al Consejo de Estado y que incentiva una cuenta "agregada" tiene relación a que estando ahora el expediente en adelantado estado de solicitud, se recibieron reportes de distintos Ministerios que debe investigar el departamento consultante y, particularmente las que sugieren cuestiones susceptibles de perjudicar a competencias de otros departamentos.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico han afirmado que recibieron el dictamen que "acredita unánimemente" los 12 proyectos hidrológicos y el emprendimiento de Real Decreto y añade que en este momento los servicios jurídicos del departamento que dirige Teresa Ribera examinan su contenido antes de su remisión al Consejo de Ministros para su aprobación determinante y ulterior envío a la Comisión Europea.

Fuentes conocedoras de la tramitación apuntan que con enorme posibilidad, los proyectos de cuenca van a ser analizados y aprobados el martes próximo en la asamblea del Ejecutivo.

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