MADRID, 11 Ene.

El Consejo de Estado dictaminará el próximo 19 de enero el Real Decreto que mira la planificación hidrológica de 12 demarcaciones para el intérvalo de tiempo 2022-2027 y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo Segura, conforme han informado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.

Así, estas fuentes han señalado que han anunciado alegaciones a este riguroso expediente, que suma ambiente a 5.000 folios, las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

En preciso, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, tal como de la parte de españa de los ríos de todo el mundo, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.

Si bien, si bien el reglamento del Consejo de Estado no prohíbe que Portugal o Francia soliciten trámite de audiencia, desde la institución señalan que jamás ocurrió en su crónica reciente, ya que los Estados acostumbran a continuar otras vías de comunicación, como la diplomática.

El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos y cada uno de los documentos amontonados en su tramitación y con la solicitud de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que disienten esencialmente del lugar de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al Acueducto Tajo-Segura.

El Gobierno remitió al Consejo de Estado su iniciativa de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el trámite de urgencia con la intención de recibirlo antes del 20 de enero. La legislación europea en temas de agua requería el tercer período de planificación hidrológica a inicios de 2022 si bien el período a fin de que cada país remitiera a Bruselas sus proyectos para las cuencas a lo largo del periodo de tiempo 2022-2027 se extendía hasta el 31 de diciembre de 2022. De este modo, España remitirá sus proyectos de cuenca a la ciudad más importante belga una vez vencido el período.

El trámite ha recaído en la sección octava del Consejo de Estado, que encabeza el asesor persistente Enrique Alonso García, y cuyos letrados estudian la documentación para producir un dictamen que discutirá el pleno de la institución el próximo 19 de diciembre y que va a ser remitido al Gobierno a fin de que tenga presente sus sugerencias antes de la aprobación determinante de la planificación hidrológica por el Consejo de Ministros.

En su petición de trámite de audiencia, el gobierno de Castilla-La Mancha ten en cuenta que votó en pos del dictamen del Consejo Nacional del Agua, por el hecho de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "logró constar que la implantación de caudales ecológicos se comprobará de conformidad con las disposiciones acordadas en el desarrollo de planificación".

En estas alegaciones, agarradas por Europa Press, el presidente autonómico, Emiliano García Page, ten en cuenta que "debe de respetarse siempre y en todo momento la prioridad de la cuenca cedente, principio predeterminado en el Plan Hidrológico Nacional, regla con rango de ley", remarcando que la zona que representa asimismo precisa agua para abastecimiento humano, "en especial en el medio rural".

A su comprender, la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo que hasta la actualidad no hay no solo sería "una obligación normativa" sino más bien además de esto "una determinación impuesta por múltiples sentencias del Tribunal Supremo decretadas desde 2019".

Tal y como protege el Gobierno español manchego, el régimen progresivo y automático de implantación de caudales ecológicos mínimos en el Tajo, "más allá de que retrasa la implantación eficaz de los caudales ecológicos ciertos en el desarrollo de planificación, fue recibido por una mayoría de los competidores de los procesos de participación pública anteriores al Consejo Nacional del Agua" a fin de que Murcia y la Comunidad Valenciana amplíen su aptitud de desalinización.

"Cualquier razonamiento que pretenda condicionar la implantación de caudales ecológicos en el río Tajo no tiene validez", cree García-Page.

Por el opuesto, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, expresó este martes desde Bruselas que espera que el Consejo de Estado atienda a su petición a fin de que emita un informe desfavorable sobre el emprendimiento de Real Decreto con relación a la regulación del trasvase y arguye que se ha producido una vulneración de seguridad jurídica o lealtad institucional y defectos que tienen la posibilidad de llevar a su nulidad.

"Nos encontramos defendiendo los intereses de la Comunidad Valenciana. Si se causó un convenio en el Consejo Nacional del Agua, se debe respetar o, en cualquier caso, regresar a convocarlo y tomar otra resolución", ha expuesto sobre la predisposición agregada novena que la Generalitat cree que se alteró de manera arbitraria.

Así, ha asegurado que el trasvase del Tajo-Segura es "irrenunciable" y cree que el Tajo ha de estar "vivo" mediante una depuración correcta del agua por la parte de la Comunidad de Madrid que "no permita que deba medrar el caudal ecológico tras 2025".

Ha instado al Consejo de Estado a que "comprenda" la posición de la Comunidad y de Murcia, advirtiendo que en el Consejo Nacional del Agua "no se actuó de forma adecuada" y que "las guerras del agua no se usa para nada". "Nos encontramos de manera permanente intentando encontrar puntos de acercamiento, pero con una defensa clara y limpia de los regantes", ha abundado.

Desde Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno, expresó al Consejo de Estado sus inquietudes sobre la discutida predisposición agregada novena del emprendimiento de Real Decreto, y considera "elevado" el caudal ecológico fijado para el Tajo-Segura. De hecho, advierte de que la mengua en 20 hectómetros cúbicos del acueducto es de "enorme trascendencia" no solo para la economía de Almería sino más bien para fijar población rural en este territorio del sureste que tiene "un inconveniente estructural de falta de elementos hídricos".

Por ello, arguye que los caudales ecológicos fijados son una restricción anterior al empleo consuntivo en los sistemas de explotación de cada demarcación, lo que bajo su punto de vista lesiona "dificultosamente" los intereses de Andalucía.

Igualmente, Murcia asimismo ha pedido en período trámite de audiencia al Consejo de Estado al que reclama que el boceto de Real Decreto adolece de "falta de cuenta económica y ambiental" y acusa al Gobierno de "falta de transparencia".

Para la Región murciana el lugar del régimen de caudales ecológicos para el Tajo es "elevado" y lamenta que los estudios y análisis hidráulicos presentados por la Comunidad a lo largo del intérvalo de tiempo de solicitud pública fueron "ignorados" a lo largo de la tramitación.

Fuentes del Gobierno murciano expresaron que el "recorte" pensado en el trasvase Tajo-Segura es una situación "inusual" que revela que el "único propósito" del Gobierno es cerrar el acueducto "pasando sobre cualquier método técnico y jurídico".