La agenda del Tribunal Constitucional (TC) en su Pleno que comenzará el próximo martes se centra en la admisión a trámite de varios recursos provenientes de comunidades autónomas bajo el gobierno del Partido Popular (PP), así como del ejecutivo socialistas de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. También se revisarán tres cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación a la polémica ley de amnistía, tal y como han confirmado diversas fuentes del propio Tribunal a Europa Press.

De acuerdo con el orden del día, el Pleno se dedicará a evaluar la admisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados por las Xunta de Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha. También se tendrán en cuenta las solicitudes de los parlamentos y gobiernos de Cantabria y Murcia.

Las fuentes citadas indican que el Pleno podría manejar estos recursos de manera similar a como hizo en su momento con el primer recurso que llegó a sus manos, impulsado por la comunidad de Aragón, que fue aceptado a trámite. En aquel entonces, los magistrados del TC dictaminaron de forma unánime que las comunidades autónomas tienen el derecho legítimo de impugnar la ley de amnistía.

Es importante recordar que el primer recurso de inconstitucionalidad referente a esta norma, que busca amnistiar a los implicados en el 'procés', fue presentado por varios diputados del PP. Esto demuestra la firme postura de los conservadores ante iniciativas que consideran contrarias a la legalidad española.

Además de estos recursos, el Pleno también se dedicará a decidir sobre la admisibilidad de las tres cuestiones de inconstitucionalidad que han sido planteadas por el TSJC. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ya había dado curso a una pregunta formulada por el Tribunal Supremo sobre este tema.

Tras la conclusión de este Pleno, el último del año, todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía quedarán admitidos a trámite, lo que significa que la verdadera decisión sobre su constitucionalidad se pospondrá hasta 2025, según las fuentes consultadas.

En otro ámbito, los magistrados del TC se ocuparán de examinar los recursos presentados por la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y por el fiscal Eduardo Esteban Rincón. Estos recursos impugnan las sentencias del Tribunal Supremo que anularon la promoción de Delgado a la máxima categoría dentro de la carrera fiscal, así como el nombramiento de Rincón como fiscal de sala coordinador de menores.

Estos asuntos debían haberse resuelto en las salas Primera y Segunda a principios de diciembre, pero tres jueces de la minoría conservadora del TC solicitaron que se discutieran en Pleno, lo que ha llevado a que la decisión se eleve a esta instancia superior. Fuentes cercanas han señalado que es probable que el Pleno asuma el análisis de la admisibilidad y se pronuncie sobre el tema en una fecha posterior.

La sede del TC anticipa que la verdadera controversia surgiría en el momento en que los magistrados decidan si admiten estos recursos. Esto es especialmente relevante, ya que los informes elaborados por los letrados del TC se oponen a su admisión, argumentando que no se cumplen las condiciones necesarias para su entrada, es decir, que las sentencias cuestionadas no son arbitrarias. En este contexto, los informes sostienen que las decisiones respecto a Delgado y Rincón fueron debidamente fundamentadas.

En sentencias previas, el Tribunal Supremo invalidó la promoción de Delgado a fiscal de sala, citando una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para favorecer a su predecesora. Esta decisión también incluyó la anulación de su posterior nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, aunque finalmente fue ratificada para este último puesto.

En lo que respecta a Rincón, el Tribunal Supremo dictó por primera vez la nulidad de su nombramiento como fiscal coordinador de menores en abril de 2022, alegando que Delgado no había proporcionado una justificación adecuada. Tras una nueva explicación de la ex fiscal general, su designación fue nuevamente impugnada, y el Supremo volvió a darle la razón a la Asociación de Fiscales (AF) y a otro candidato, José Miguel de la Rosa.

El Supremo argumentó que la anulación inicial se debió a la "falta de motivación" y a la notable diferencia en la experiencia y méritos en derecho de menores. La nueva justificación aportada por Delgado fue considerada insuficiente por el Tribunal Administrativo, que remarcó la falta de cumplimiento a lo exigido.

Además, el Pleno del TC verá una treintena de solicitudes de amparo en relación con las sentencias del Supremo que han rechazado las reclamaciones del Estado para indemnizar a los negocios afectados por los cierres impuestos durante la pandemia, concluyendo que estas medidas fueron necesarias y proporcionadas.

El TC, en una sentencia del 14 de julio de 2021, declaró inconstitucional el confinamiento establecido por el Gobierno durante el primer estado de alarma, pero dejó abierta la posibilidad de presentar reclamaciones patrimoniales. Estipuló que las medidas adoptadas eran una obligación legal para los ciudadanos, y aunque la inconstitucionalidad no legitimaba automáticamente las reclamaciones, no descalificaba el derecho a ser indemnizados según lo dictado en las leyes.

El artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 establece que aquellos que sufran daños por actos ajenos durante la vigencia de los estados de alarma tienen derecho a ser indemnizados. Sin embargo, tras evaluar numerosas reclamaciones del sector de la hostelería en 2023, el Tribunal Supremo concluyó que la Administración General del Estado no tenía la obligación de compensar por los daños sufridos durante los cierres obligatorios por la pandemia.

Fuentes del TC han indicado que la decisión de unificar criterios responde a la llegada de un gran número de recursos de amparo tras la postura establecida por el Supremo, que resultaron asignados a diferentes magistrados. Para evitar discrepancias en las decisiones, se ha optado por revisar todos los casos conjuntamente.

Las fuentes sugieren que la propuesta inicial es confirmar las sentencias del Supremo. Los magistrados deberán decidir si se procede a la tramitación de estos recursos de amparo o si se inadmiten, como ocurrió con casos anteriores en los que se anticipó una decisión negativa que desestimaría las reclamaciones patrimoniales.

Por último, la Sala Primera del TC analizará el lunes el recurso del ex presidente catalán Quim Torra contra la confirmación, por parte del Supremo, del acuerdo de la Junta Electoral Central de enero de 2020 que declaró su inelegibilidad tras ser inhabilitado.

Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por su decisión de mantener una pancarta en la fachada de la Generalitat en apoyo a los presos del 'procés'. El Tribunal Supremo también desestimó el recurso del Parlament que cuestionaba el acuerdo de la JEC, afirmando que esta asamblea no tenía la competencia exclusiva para decidir sobre la retirada del acta de diputado debido a una incapacidad sobrevenida.