• jueves 9 de febrero del 2023

El G-9, preocupado por el encontronazo de las ediciones legislativas en la contratación de personal de investigación

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TOLEDO, diez Oct.

La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), encabezada por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, se ha reunido los días 6 y 7 de octubre de 2022 en la Universitat de les Illes Balears, para tratar temas de interés común, en lo que ha supuesto el primer acercamiento presencial de todos y cada uno de los conjuntos de trabajo de la sectorial desde el principio de la pandemia de la COVID-19.

Como resultado de las sesiones de trabajo, los integrantes de la sectorial han manifestado su preocupación por "los continuos cambios normativos y desacompasados que chocan de manera negativa en la administración universitaria y, específicamente, en temas de contratación laboral en el ámbito de la investigación".

Reunidas mucho más de cien personas de las nueve universidades públicas, la Comisión sectorial ha creado su trabajo en sesiones paralelas de los conjuntos de trabajo de vicerrectores y vicerrectoras, entidades de Gestión de la Investigación áreas de trabajo de Transferencia de Resultados de la Investigación, Genueve Ediciones; Cultura Científica, Bibliotecas, Proyectos Europeos y Escuelas de Doctorado, acordando las conclusiones que se recogen en sus propios reportes.

La asamblea ha contado con la asistencia del rector de la Universidad de las Illes Balears, Jaume Carot, quien ha señalado la relevancia del G-9 en la política universitaria de españa.

Por otra sección, se ha festejado una mesa redonda conmemorativa del 25º aniversario del Grupo G-9 donde se han analizado los primordiales adelantos expertos desde la constitución del conjunto y los desafíos primordiales atentos en la investigación, innovación y transferencia en las universidades españolas, informó la UCLM en publicación oficial.

La Sectorial de Investigación ha manifestado su preocupación por el encontronazo de las recientes ediciones legislativas en la contratación de personal estudioso, en tanto que la frecuente vinculación de la contratación de éste a la temporalidad y periodicidad de proyectos de ámbito europeo, estatal y autonómico "podría representar despidos colectivos y una mayor dificultad en la administración del personal estudioso contratado a cargo de estos fondos".

Por este fundamento, las universidades del G-9 demandan una definición mucho más clara de las herramientas de captación y retención del personal estudioso que eviten la inseguridad jurídica derivada de la carencia de concreción legislativa. Por otra sección, la Sectorial hace una evaluación efectiva de los recientes reconocimientos laborales en las etapas tempranas de la carrera estudiosa.

Sin embargo, alarma de los efectos que tiene sobre la autonomía universitaria la sucesión de convocatorias infradotadas que fuerzan a las universidades a asignar fondos propios para su adecuada ejecución, menoscabando su autonomía para desplegar políticas científicas, de investigación y también innovación propias.

Por ello, pide a los organismos financiadores la compensación de los costos no planeados que las universidades están asumiendo, tal como que las convocatorias futuras contemplen la dotación presupuestaria que se requiere para realizar en frente de las indemnizaciones socias a la finalización del contrato.

Por último, en relación a la modificación de la Ley de la Ciencia, las universidades del G-9 estiman que se ha perdido la posibilidad de hacer un marco de actuación que se haga más fácil la atracción de financiación externa para investigación colaborativa con el ambiente económico empresarial y para la transferencia.

En esta línea, el conjunto confía en que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) constituya los mecanismos precisos para revertir esta situación y prestar las herramientas primordiales para efectuar una eficiente transferencia del conocimiento generado en nuestras universidades.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

La finalidad de la asociación es impulsar las relaciones entre las instituciones universitarias correspondientes al conjunto, a fin de fomentar, por ejemplo, la colaboración en ocupaciones enseñantes y también estudiosas de su red social universitaria.

Las universidades del G-9 tiene 170.000 alumnos, 19.340 integrantes del personal Docente y también Investigador y 8.160 integrantes del personal de Administración y Servicios.

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