El municipio de Fuencaliente se ajustará a las exigencias del Gobierno y eliminará simbología franquista en concordancia con la Ley de Memoria Democrática.

El municipio de Fuencaliente se ajustará a las exigencias del Gobierno y eliminará simbología franquista en concordancia con la Ley de Memoria Democrática.

El Ayuntamiento de Fuencaliente tomará medidas para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, luego de recibir un requerimiento por parte de la Secretaría de Estado y una petición formal de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática. Ambas instancias han solicitado al Ayuntamiento que inicie los trámites necesarios, en colaboración con el Obispado de Ciudad Real, para retirar los vestigios franquistas presentes en la localidad, los cuales contravienen la legislación vigente.

El alcalde de Fuencaliente, Rubén Paz, lamenta que se haya llegado a 2024 sin que las anteriores corporaciones, gobernadas por el Partido Popular, hayan hecho nada al respecto. Entre los vestigios que se deben retirar, se encuentra una placa en una fuente que conmemora el alzamiento militar, símbolos falangistas en bloques de viviendas y el salón de plenos, lo cual el alcalde describe como una glorificación del franquismo.

Paz, quien asumió la alcaldía tras las últimas elecciones, asegura que cumplirá con la ley sin problemas y que se comunicará con el Obispado para abordar los vestigios presentes en la iglesia de la localidad.

La solicitud de la asociación destaca que estos vestigios franquistas están presentes en varios puntos del municipio y han sido denunciados en varias ocasiones. Además, la asociación solicita a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que muestre suficiente consistencia democrática para demostrar respeto público por todas las víctimas de la violencia franquista. También hacen hincapié en que reconocer a aquellos que fueron perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados por la dictadura es reconocer a aquellos que creyeron en la libertad.

Por otra parte, la asociación recuerda que la ley de Memoria Democrática tiene como objetivo el reconocimiento de aquellos que sufrieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

Además, se menciona la creación en 2021 del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es impulsar y promover los derechos humanos relacionados con la recuperación de la memoria democrática, para el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas y represaliadas.

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Castilla-La Mancha