GUADALAJARA, 7 Sep.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca defenderá en el próximo pleno una petición contra la okupación ilegal de casas, mediante la modificación de múltiples leyes para hacer viable el desalojo de los okupas en 24 h, la celebración de juicios veloces y el endurecimiento de las penas con hasta 3 años de prisión. Los 'populares' aducen que en el ayuntamiento se tiene registrada la presencia de 69 casas en situación irregular en diferentes distritos, en las que viven un total de 146 personas, entre hombres, mujeres y menores

Además, a nivel municipal, la iniciativa del PP expone cambios en la Ley de Bases de Régimen Local liderados a evitar la inscripción en el padrón municipal de los okupas o la devolución del IBI a los dueños de inmuebles damnificados, cuando hay una resolución judicial estable, informó en publicación oficial el partido.

"La ocupación ilegal es un inconveniente grave que Azuqueca arrastra ya hace ahora varios años, dando sitio a enfrentamientos, graves problemas de convivencia, ocasiones de crueldad, tráfico de drogas y tensión vecinal. El Gobierno municipal no puede ver para otro lado, sino desde el Ayuntamiento hay que implicarse para terminar con el inconveniente", ha señalado la representante del PP, Aure Hormaechea, quien adjuntado con el resto de concejales del Grupo participaba esta semana en la concentración de queja impulsada por vecinos de la plaza de Castilla, donde se brindaron cita cientos y cientos de personas.

"Hubo insultos y amenazas y vivieron instantes de genuina tensión", han asegurado los 'populares', recordando que no es la primera oportunidad que esto pasa en de Azuqueca, un concejo con múltiples zonas perjudicadas por la ocupación ilegal, como Navarrosa, plaza General Vives, calle soledad, calle Libertad hasta iglesia de San Miguel, edificio Pizarro, la Estación, en la región de Las 200).

Los populares recuerdan el profundo enfrentamiento que se produjo hace ahora 4 años con ciertas casas okupadas en Azuqueca, llegándose a comenzar el desarrollo de desalojo de varios de los inmuebles por la vía judicial.

Los 'populares' han tirado del informe de Cáritas que forma una parte del emprendimiento de 'Mediación popular con personas perjudicadas por la exclusión en en el momento en que al ingreso a la vivienda', que comprueba que en Azuqueca hay 69 casas en situación irregular, en las que habitan un total de 146 personas, entre hombres, mujeres y menores.

Teniendo presente la situación, hace ahora un par de años, han recordado se aprobó en pleno la elaboración de un plan contra la ocupación ilegal de casas, tal como reclamar reformas legales para resguardar a los dueños damnificados.

Todo ello se recopila en la Ordenanza de Seguridad y Convivencia, cuyo producto 135 afirma que "previo estudio y también informe preceptivo de la Policía Local, el Pleno municipal realizará un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de Viviendas que garantice la restitución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus lícitos dueños, en coordinación con el Gobierno autonómico y en el contexto de las medidas que éste adopte en el ámbito de refuerzo de la seguridad y la supervisión de inmuebles dejados susceptibles de ocupación ilegal".

De igual modo, los 'populares' han correcto que en el punto 2 de esa ordenanza diríase que "el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dispondrá de un servicio de consejos y orientación jurídica a los dueños y víctimas de estos ilegales en frente de semejantes formas de proceder que violentan el ordenamiento jurídico y menoscaban los derechos de propiedad y vivienda".

"Pero nada de esto se ha cumplido. El alcalde y el Equipo de Gobierno continúan imperturbables, tal y como si aquí no pasara nada, y también infringiendo los pactos municipales", lamenta la representante 'habitual', que espera que el Gobierno municipal apoye en el Pleno sosprechado para el 29 de septiembre la iniciativa de instar al Gobierno de Sánchez a que modifique las leyes para endurecer las penas en el caso de ocupación ilegal de casas o inmuebles, medidas para resguardar a los lícitos dueños, desalojos en 24 h y eludir empadronamientos de personas que llenan inmuebles ilegalmente.