El proceso para adjudicar las escuelas infantiles de Toledo se reanuda tras rechazo de la actual empresa

La gestión de las tres escuelas infantiles de Toledo será adjudicada en los próximos días a una nueva empresa tras la decisión del Ayuntamiento de abrir un nuevo proceso de licitación. La actual concesionaria, La Casita de Chocolate, rechazó la oferta de gestionar parcialmente el servicio, lo que ha llevado a la administración local a modificar los procedimientos habituales.

Este cambio se produce en un contexto de incertidumbre política y legal. La licitación anterior fue recurrida por la empresa actual ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, paralizando el proceso. La Junta de Gobierno de Toledo aprobará este miércoles, 12 de agosto, un nuevo procedimiento para resolver la adjudicación, con la intención de garantizar el inicio del curso alrededor del 7 de septiembre.

La decisión del Ayuntamiento responde a la necesidad de mantener la continuidad del servicio, asegurando las condiciones laborales, el personal y la calidad del programa educativo. La empresa que asuma la gestión tendrá que respetar estos compromisos, incluyendo la subida salarial pactada con las trabajadoras.

Por su parte, La Casita de Chocolate justificó su rechazo a la gestión parcial argumentando que podría generar inestabilidad, afectando a las familias y al personal. La empresa expresó su interés en gestionar el curso completo, pero respetan la postura del Ayuntamiento y las limitaciones jurídicas que impiden esta opción en el proceso actual.

Desde el ámbito político, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, criticó la decisión del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acusándolo de forzar la salida de la concesionaria tras 15 años y de plantear un modelo de gestión temporal que compromete la estabilidad del servicio. La situación refleja tensiones en la gestión pública y la influencia de decisiones políticas en el sector educativo infantil.

De cara al futuro, la resolución del Tribunal Administrativo será clave para determinar si el proceso de licitación se ajusta a la legalidad. La comunidad educativa espera una solución estable antes del inicio del curso, que continúe garantizando la calidad y la continuidad del servicio en un contexto de cambios políticos en la ciudad.