TOLEDO, 13 Feb.

El Programa Anual de Participación Ciudadana para el ejercicio 2023 incluye un total de 44 actuaciones participativas proposiciones por las distintas Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración regional, en los términos que se establecen en el producto 18 de la Ley 8/2019, de Participación de Castilla-La Mancha y según la tramitación establecida en el producto 19 de la señalada ley.

Es el tercer programa gestionado por el Gobierno regional desde la entrada en vigor de la ley de Participación, así como publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recopila Europa Press.

Del total de actuaciones participativas proposiciones 35 se encuadran en elaboración normativa (Ley, Decreto u Orden), 5 en la elaboración de proyectos, programas y tácticas, y 4 en Otras políticas públicas.

No obstante, nuestra Ley de Participación, apunta la oportunidad de que la Administración de trabajo logre desarrollar nuevos procesos participativos no incluidos en el Programa Anual, se habla por consiguiente de un Programa Anual abierto a aquellas actuaciones que se acuerden efectuar con posterioridad a su publicación y a lo largo del ejercicio pertinente por solicitud de cualquier Consejería, por medio de sus distintas órganos directivos u organismos autónomos adscritos.

La acción del gobierno en temas de participación se instrumenta así como establece la Ley de Participación, por medio de una sucesión de principios como el de gobernanza democrática, o sea, desde una visión global, integradora y también inclusiva al objeto de hacer más simple el dialogo y también intervención de la ciudadanía en los temas públicos; el principio de universalidad y variedad, teniéndose presente su variedad por causas territoriales, sociales y económicas y el principio de efectividad, puesto que los poderes públicos velarán a fin de que el ejercicio de la participación sea útil y posible, fomentando fórmulas de cooperación que contribuyan a una administración mucho más eficiente de los temas públicos, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico.