TOLEDO, 17 de diciembre.
En una decisión notable, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha formalizado la aprobación de su presupuesto para 2026, un movimiento que ha sido respaldado únicamente por la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes regionales. Este resultado se produce tras el rechazo de 1.115 enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP), las cuales quedaron sin respuesta efectiva tras su análisis en la Comisión correspondiente.
Los nuevos presupuestos alcanzan los 12.903 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5% en relación al año 2025, sumando así 187,2 millones más en comparación con el presupuesto actual.
La sesión plenaria para la votación duró más de siete horas, y finalmente las cuentas fueron aprobadas solo con el voto de los 17 diputados socialistas, mientras que los representantes del PP y Vox manifestaron su desacuerdo y votaron en contra.
Desde el PP, Carolina Agudo, secretaria general del partido en la región, mencionó que este presupuesto es un intento de ocultar la "mediocre" gestión económica de García-Page, cuestionando su compromiso con Castilla-La Mancha y calificando la situación laboral y social del territorio como alarmante, en contraste con lo que considera el optimismo desmedido de los socialistas.
Agudo enfatizó que las más de mil enmiendas que el PP presentó eran una parte esencial de su propuesta alternativa, y afirmó que esta vislumbraba un enfoque "serio y responsable" frente a las políticas del PSOE, las cuales, según ella, han reducido a la oposición a meras acciones de bloqueo.
Adicionalmente, cargó contra la práctica del PSOE de utilizar su mayoría para pasar por encima de la oposición, acusando al presidente regional de despreciar al Parlamento y de evitar cualquier tipo de autocrítica.
Por su parte, David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, se manifestó en términos similares, apuntando que estos presupuestos son insuficientes para resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Según él, el resultado será más recaudación, un aumento de la deuda pública y servicios públicos cada vez más precarios.
Moreno criticó la incapacidad del presidente para cumplir sus promesas, señalando el incremento de listas de espera en el sector sanitario y la falta de avances en infraestructuras, como las carreteras. Resaltó que lo único que sí se haría sería la creación de un nuevo impuesto por el uso de contadores de agua potable.
En su opinión, estos presupuestos suponen un retroceso para la región, afectando negativamente a trabajadores, empresas y familias.
La portavoz socialista Ana Isabel Abengózar defendió la postura de su partido en el rechazo a las enmiendas del PP, describiéndolas como "inconexas y oportunistas", y acusando a la oposición de tratar de beneficiar políticamente a sus territorios gobernados.
En su intervención, también dedicó tiempo a criticar la falta de propuestas constructivas por parte de Vox, argumentando que su labor se centra más en slogans que en soluciones efectivas para Castilla-La Mancha.
Abengózar defendió que el presupuesto aprobado es serio y demuestra un compromiso claro con el desarrollo de la comunidad, asegurando que contribuye al fortalecimiento de los servicios públicos y a la consolidación de derechos.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, cerró el debate manifestando que el presupuesto es "maravilloso", al tiempo que acusó al PP de difamar las cuentas presentadas, lo que provocó la reprimenda del presidente del Parlamento.
Ruiz Molina instó a la oposición a reflexionar sobre la falta de fundamentos en sus enmiendas, particularmente frente a las consideraciones de Vox, insinuando que su propuesta fue inadecuada. En su argumentación, destacó los compromisos del presupuesto, que incluyen desde el fortalecimiento de la cohesión social hasta el impulso de la transformación digital.
El consejero concluyó asegurando que estas cuentas buscan reforzar el Estado del Bienestar, proteger a las familias y los grupos más vulnerables, y reducir la carga fiscal, prometiendo que el Gobierno no dejará a nadie atrás.
Agradeció también a los empleados de su Consejería y a los integrantes del Consejo de Gobierno por su dedicación al interés común y por sus aportaciones durante el proceso.
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