Crónica Castilla-La Mancha.

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El sector público de C-LM acumula una deuda de 228 millones de euros en 2021

El sector público de C-LM acumula una deuda de 228 millones de euros en 2021

TOLEDO, 6 Jun.

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha aprobado el informe sobre las cuentas anuales de las empresas del sector público regional del ejercicio 2021, revelando que el endeudamiento agregado alcanza los 228 millones de euros.

El informe realizado incluyó la revisión de los estados financieros e información económica y de gestión presentada por las empresas públicas regionales, con el objetivo de verificar su cumplimiento con los principios contables y normas aplicables, así como analizar aspectos como la disciplina presupuestaria y transparencia.

Las empresas controladas fueron siete cuyos presupuestos forman parte de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2021, entre las que se encuentran entidades como Radio y Televisión Autonómica.

Estas empresas manejaron un presupuesto de 211 millones de euros en 2021, financiadas mayoritariamente por transferencias de la administración regional y organismos dependientes.

El endeudamiento del sector público empresarial descendió un 3% respecto al año anterior, representando el 0,24% del endeudamiento autonómico, con la cobertura de pérdidas garantizada por la administración regional.

En términos de empleo, el sector público empresarial contaba con una media de 2.706 empleados en 2021, con un gasto total de 92 millones de euros. Además, se destaca el cumplimiento de obligaciones en transparencia, igualdad e integridad.

Entre las recomendaciones formuladas se destaca la necesidad de supervisión continua sobre el sector público empresarial y la adopción de medidas para la aprobación de un Plan de Igualdad en Geacam.

En cuanto a transparencia y deuda comercial, se sugiere implementar acciones para asegurar la publicación de información en formatos reutilizables y dotarse de planes de tesorería para garantizar el cumplimiento del período medio de pago.

El informe concluye con 27 conclusiones y ocho recomendaciones dirigidas a las empresas públicas fiscalizadas y a las Consejerías de adscripción, destacando la disposición de las empresas para emprender medidas correctivas.