La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido admitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Esta sentencia condenaba al Consistorio a pagar a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea la cantidad de 405.807 euros, tras considerar legal la renuncia realizada por la empresa al contrato de concesión a 50 años para el uso privado de una parcela en la ciudad industrial.

Esta decisión de admitir el recurso, confirmada en un auto reciente del Alto Tribunal, podría cambiar el rumbo de este conflicto judicial y quizás incluso generar un debate en torno a la formación de jurisprudencia, dado que existen ciertas dudas planteadas en este caso.

En la sentencia inicial de octubre de 2022, los magistrados dieron la razón a la empresa, una antigua guardería que operaba una escuela infantil detrás del hospital de la ciudad minera. Tras el cierre y la renuncia a la concesión, la empresa solicitó inicialmente una indemnización de 671.755 euros al Ayuntamiento, argumentando que la ocupación del servicio no era suficiente para recuperar la inversión realizada. La renuncia se realizó en agosto de 2018 y fue desestimada por el consistorio.

La empresa alegó que abandonaba el proyecto debido a que la concesión no cumplió con las expectativas de rentabilidad iniciales.

En el auto de admisión del recurso de casación por parte del Ayuntamiento, se destaca que la cuestión plantea un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Se discutirá si el principio de riesgo y ventura se aplica en un contrato de concesión del uso privativo de una parcela de dominio público para la prestación de una actividad privada de interés público.

El Ayuntamiento argumenta que se trata de una concesión de suelo de dominio público y no de un contrato de obra y concesión de servicio público, por lo que las obras realizadas por la empresa no fueron controladas por la Administración. Además, se destaca que la empresa opera bajo su propio riesgo y ventura, y que cualquier enriquecimiento de la Administración no debería derivarse de la renuncia unilateral y anticipada del concesionario.

Desde el año 2007, la empresa había obtenido una cesión de suelo público por 50 años y un canon simbólico de 50 euros. La escuela atendió a más de 750 niños y niñas, con más de 100 educadores infantiles en su centro de formación. Tras su cierre, se han registrado al menos dos incendios en las instalaciones abandonadas.