Crónica Castilla-La Mancha.

Crónica Castilla-La Mancha.

El TSJ de Castilla-La Mancha falló a favor del sindicato USO, invalidando la reforma de la RPT de 2022 del Ayuntamiento de Cuenca.

El TSJ de Castilla-La Mancha falló a favor del sindicato USO, invalidando la reforma de la RPT de 2022 del Ayuntamiento de Cuenca.

CUENCA, 9 de diciembre. En una reciente decisión, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acogido un recurso de apelación presentado por un funcionario de la Diputación que actualmente ejerce como Delegado Personal del Sindicato USO. Esta resolución ha llevado a la anulación del procedimiento utilizado por la Diputación para reformar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del año 2022.

Dicha sentencia revierte la determinación previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca, que en su momento había respaldado la decisión del Pleno de la Diputación. Esto subraya la efectividad del recurso interpuesto por el funcionario, quien cuestionó la legalidad del proceso que se había seguido.

Según la información divulgada por el sindicato y recogida por Europa Press, el Tribunal Superior ha indicado que el procedimiento carecía de un informe de la Secretaría, el cual es esencial para cualquier modificación de la RPT. USO ha enfatizado que este tipo de asesoramiento legal es obligatorio, lo que aumenta la relevancia de la sentencia en términos de cumplimiento normativo.

La Sala recordó que un informe del Director de Recursos Humanos no puede reemplazar la función del informe de la Secretaría, declarando que la falta de este paso crucial representa un defecto que invalida todo el procedimiento. La omisión de este trámite impide una adecuada evaluación de los argumentos presentados por el apelante, al prever un análisis que debe ser realizado por la Secretaría.

El sindicato también ha señalado que el Tribunal ha resaltado las "implicaciones económicas" que la situación conlleva, lo que hace aún más crítica la necesidad de contar con un informe de intervención. Este organismo es el encargado de controlar el aspecto financiero y llevar a cabo auditorías internas para garantizar la transparencia en la gestión pública.

A pesar del conflicto legal, el sindicato USO ha expresado su intención de no extender la controversia y ha ofrecido su disposición para colaborar con la Diputación en la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes. Esta postura refleja una voluntad de avanzar hacia un entendimiento constructivo.

Sin embargo, USO ha subrayado que para que una colaboración efectiva sea viable, es fundamental que se mantenga un ambiente de transparencia, buena fe y comunicación efectiva por parte de la Diputación. El sindicato se ha mostrado abierto al diálogo y está decidido a trabajar en conjunto, siempre dentro de un marco de claridad y responsabilidad compartida.