En Toledo, el 24 de octubre, el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, expresó su total confianza en el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y en que el proceso judicial en su contra por revelación de secretos termine sin que se le impute responsabilidad al Fiscal General.

Antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes para informar sobre la Memoria 2024 (Ejercicio 2023) de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, Fernández admitió que la situación es delicada y que no es cómoda que una figura tan relevante y cabeza de la institución esté siendo objeto de pronunciamientos del Tribunal Supremo.

Enfatizó que el Fiscal General del Estado no está imputado y que el auto del Tribunal Supremo indica que se ha cometido un hecho delictivo distinto a la imputación inicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que era la difusión de una nota por parte de la Fiscalía General.

Según Fernández, el auto del Tribunal Supremo establece que el objeto del proceso es la filtración de correos electrónicos, y por eso señala que es competente para examinar la conducta del Fiscal General del Estado y también la actuación de la Fiscal Jefe provincial de Madrid.