• martes 28 de marzo del 2023

Fiscalía, Gobierno y CC.AA desean ingreso inmediato a vivienda y también IMV para las maltratadas mucho más precarias y bajo riesgo

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Dos de las últimas asesinadas por crueldad machista aún convivían con su atacante por carecer de elementos económicos

MADRID, 27 Ene.

Dos de las asesinadas por crueldad de género a lo largo de los últimos repuntes convivían con sus atacantes frente a la imposibilidad de entrar a una casa por fundamentos económicos, según confirmó a Europa Press en fuentes del el Minsterio de Igualdad. Alguna de ellas, aun, ahora había pasado por los servicios sociales para pedir asistencia en este sentido.

Por eso, Fiscalía, Gobierno y CC.AA, que constituyen el Comité de crisis convocado tras el repunte de homicidos registrados en las primeras semanas de enero, propuso que los servicios sociales y Viogén compartan datos para advertir a víctimas de crueldad de género con mayor puerta de inseguridad por su dependencia económica del atacante. Y que, además de esto, las que estén en situación de peligro prominente, logren entrar directamente a una casa o a alguna asistencia económica.

Así los explicó este viernes el Ministerio de Igualdad, tras la asamblea del Comité en el que asimismo participó el Ministerio de Justicia, el de Interior, la fiscal de salón de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, las entidades de crueldad y todas y cada una de las comunidades autónomas. Las proposiciones agarradas en este acercamiento van a deber ser debatidas y aprobadas en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Tal y como indicó la ministra del ramo, Irene Montero, el Comité ha analizado tres crímenes machistas sucedidos en el último mes del año y que fueron comprobados tras la asamblea del primer Comité de Crisis, el 28 de diciembre, y los seis homicidos contabilizados hasta el día de hoy en el mes de enero.

Y, entre las primordiales proposiciones que se van a recoger en el informe de este Comité está la de integrar la información que tienen los servicios sociales a Viogén, para advertir esos casos en los que la puerta de inseguridad de la mujer puede subir el peligro de esta a padecer una mayor crueldad o a ser asesinada por su pareja o expareja.

Según especificó la asesora de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, el propósito es que en las situaciones en los que el nivel de la opinión de peligro sea prominente y se determine por los servicios sociales que hay puerta de inseguridad de la víctima y de sus hijos, estos logren entrar de manera inmediata a elementos habitacionales alternos o a ayudas económicas como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas autonómicas afines.

Rodríguez ha señalado que, si bien las mujeres víctimas de esta lacra ahora reciben estas ayudas, sería preciso "invertir la mirada y que estas no accediesen a los servicios tras "sobrepasar los óbices" y salir de la situación de crueldad, sino más bien prestar estas medidas de manera "proactiva" para asistirla a salir de la situación.

La encargada del Gobierno contra la crueldad de género, Victoria Rosell, ha apuntado que Canarias ahora ha coordinado la información de estos 2 servicios y hizo un llamamiento al resto de autonomías a trabajar en este sentido.

Otras de las proposiciones planteadas por este conjunto de trabajo es la necesidad de impulsar puntos violeta en áreas despobladas o ayuntamientos pequeños a donde no llegan todos y cada uno de los servicios. Pero, además de esto, que estos puntos no sean únicamente informativos y de consejos, sino logren ser un mecanismo de derivación instantánea a los servicios sociales o al Sistema Nacional de Salud.

También se intentó en este acercamiento, según ha señalado la asesora de Estado, la salud psicológica de las víctima al encontrar casos de víctimas que pasaron en su historia durante más de una relación donde han sufrido crueldad de género. Rodríguez explicó que se trataría de integrar en la Sanidad Pública un régimen especializado para estas mujeres en el transcurso de un mayor tiempo, aun durante su historia.

Por su parte, Rosell, puso en valor, asimismo, una iniciativa que fue planteada por el CGPJ y que tienen relación con la oportunidad de sostener activos a los atacantes en Viogén hasta el momento en que hayan cancelado sus antecedentes, algo que dejaría que estos continuaran mucho más meses e inclusive años, con relación a la duración de su caso activo hoy en dia.

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