• martes 31 de enero del 2023

García-Page aplaude la llamada del Gobierno a la "tranquilidad" y al cumplimiento de la ley y la Constitución

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TOLEDO, 20 Dic.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aplaudido este martes la llamada del Gobierno a la "tranquilidad" y al cumplimiento de la ley y la Constitución tras la resolución que adoptó este lunes el Tribunal Constitucional de inmovilizar la votación en el Senado de la reforma para escoger a sus jueces.

"Si bien haya un tiempo de confusión general, no se debe olvidar que el origen de todo lo mencionado es que una minoría parlamentaria impone un bloqueo en las resoluciones de la mayor parte", afirma García-Page desde su cuenta de Twitter.

Así ha reaccionado García-Page una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya señalado que el Gobierno acata la resolución que adoptó este lunes el Tribunal Constitucional de inmovilizar la votación en el Senado de la reforma para escoger a sus jueces, pero anunció que su Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean exactas para terminar al bloqueo del CGPJ y del TC" y a fin de que sea reconocida la intención habitual.

Según ha precisado el presidente del Gobierno, que ha considerado que la resolución no posee precedentes y ha culpado al PP de la situación, "en instantes de indecisión se precisa tranquilidad y solidez" para poder el riguroso cumplimiento de la ley y para realizar predominar la intención habitual expresada en las urnas.

Anoche el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) paralizaba la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos en el Parlamento con la intención de mudar, por una vía acelerada, el sistema de decisión de los aspirantes al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial. El TC aceptaba de este modo el recurso del PP contra ámbas enmiendas que lo hacían viable.

La resolución fue adoptada por 6 votos (los de la mayor parte conservadora) en frente de 5 (los de la minoría progresista), exactamente la misma mayoría con la que no admitieron las recusaciones lanzadas por los partidos del Gobierno contra 2 jueces, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.

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