TOLEDO, 20 de diciembre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la publicación de nuevas órdenes de ayuda en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que beneficiarán con un total de 85 millones de euros a la incorporación de jóvenes en el sector agropecuario. Estas iniciativas forman parte del Plan Estratégico de Agricultura y Ganadería Comunitaria (PEPAC) para el periodo 2023-2027, y están orientadas tanto a la formación de nuevos agricultores como a la modernización de sus explotaciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha subrayado que la publicación en el DOCM marca el inicio de la segunda convocatoria del PEPAC. “Estamos dando la bienvenida a jóvenes deseosos de emprender su futuro aquí, en Castilla-La Mancha”, ha afirmado Martínez, destacando la importancia de estas ayudas para la revitalización del sector.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 3 de marzo, permitiendo a aquellos jóvenes que deseen entrar en el ámbito agropecuario acceder a estas importantes subvenciones. “Es un compromiso inquebrantable de nuestro presidente”, ha dicho el consejero, enfatizando la intención del Gobierno regional de facilitar la inserción de jóvenes en una actividad que promete ser el motor de desarrollo rural en la región.

Las ayudas no solo buscan atraer nuevos emprendedores, sino que también están diseñadas para garantizar la sostenibilidad y viabilidad económica de las explotaciones agrarias. Se pretende fomentar un enfoque empresarial moderno y competitivo, estimulando inversiones en tecnologías avanzadas que permitan a los jóvenes campesinos situarse a la vanguardia del sector.

Una de las novedades de estas convocatorias es que se amplía el rango de edad para los solicitantes, permitiéndose la incorporación de personas de 18 a 40 años, siempre y cuando no hayan comenzado el proceso de incorporación en los 24 meses anteriores. Este cambio busca incluir a más jóvenes en la actividad agraria, un sector que históricamente ha enfrentado retos en cuanto a renovación generacional.

Los beneficiarios deberán comprometerse a mantener la viabilidad de su explotación, dedicando un mínimo de 960 horas anuales a actividades agrarias. Además, se les exige compensar el trabajo realizado fuera de su explotación agrícola con mano de obra asalariada si están en zonas no afectadas por despoblación. También deberán cumplir con las condiciones de la ayuda durante al menos cinco años tras su concesión.

El plan contempla que, entre 2023 y 2027, aproximadamente 1.900 jóvenes se integren en el sector agropecuario, con una inyección económica para el año 2024 de 50 millones de euros, lo que representa el doble de la cantidad asignada en 2023.

Respecto a las ayudas, estas se mantendrán en niveles similares a los pasados, otorgando una ayuda básica de 37.000 euros que podría aumentar a 60.000 euros si se cumplen ciertas condiciones, como residir y operar en áreas escasamente pobladas o integrarse en cooperativas agrícolas. Además, las ayudas se otorgarán en dos tramos: un 60% al inicio de la actividad y un 40% al finalizar el plan empresarial.

La asignación para los planes de mejora también se incrementa este año en diez millones de euros, alcanzando un total de 35 millones de euros. Las condiciones de las ayudas se mantendrán, estableciendo un porcentaje básico de financiación del 40% sobre la inversión realizada.

Las condiciones para la financiación también se han redefinido, permitiendo incrementos del cinco por ciento en inversiones que promovieran ahorro de agua, así como en instalaciones ganaderas y para quienes pertenezcan a agrupaciones de productores. Adicionalmente, las inversiones en zonas despobladas tienen la posibilidad de un aumento del 20% si las beneficiarias son jóvenes incorporándose por primera vez al sector.

El volumen máximo de inversión financiable por unidad de trabajo agrario está limitado a 100.000 euros, sin que se pueda superar un total de 400.000 euros por explotación, considerando la incorporación de nueva mano de obra. Si hay varios jóvenes en la misma explotación, el total de la inversión podrá elevarse a 800.000 euros.

En casos excepcionales, donde se den incorporaciones en entidades asociativas en el sector del champiñón, la inversión financiable podría elevarse hasta 2.000.000 euros, incentivando la competitividad entre explotaciones que trabajan de manera conjunta.