El Consejo de Ministros ha aprobado el plan presentado por el presidente del Gobierno el fin de semana para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La mayoría de las viviendas se encuentran en Cataluña, Valencia, Andalucía o Murcia, según ha especificado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El plan contempla reforzar la gestión de 14.000 viviendas ya habitadas para centrar su estrategia en el alquiler social y en el acompañamiento de las familias vulnerables que las habitan. Según la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la casuística de estas viviendas es muy variada y requiere detectar situaciones de vulnerabilidad y proporcionar el apoyo necesario. Sareb ha dado ya apoyo a más de 400 familias y ha aprobado más de 2.000 contratos de alquiler social desde que inició la labor de identificación de familias vulnerables que habitan en sus viviendas el pasado mes de septiembre.
Además, el plan del Gobierno prevé movilizar 20.768 viviendas adicionales de la Sociedad de Gestión de Activos que se legarán a comunidades autónomas o municipios mediante acuerdos de venta. También se contemplan acuerdos de cesión temporal de viviendas para uso social a otras Administraciones Públicas o a entidades sin ánimo de lucro. De esas viviendas, 9.000 ya están disponibles para su venta inmediata, según ha detallado Calviño, mientras que las otras 12.000 viviendas están pendientes de procesos de adecuación.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio, Valencia, Cataluña, Castilla y León y Murcia concentran la mayoría de las viviendas, aunque el 60% de los bienes se concentran en el arco mediterráneo, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. El Gobierno también ha previsto un proyecto de cesión de suelo urbanizable para construir unas 15.000 viviendas adicionales que se destinarán a alquiler asequible. Estas construcciones se realizarán a través de colaboraciones público-privadas. Además, los suelos de Sareb se destinarán para "otros objetivos sociales" como la construcción de hospitales, escuelas o aparcamientos.
La garantía del derecho a la vivienda es una prioridad del Gobierno, ha destacado Calviño, que ha afirmado que el Ejecutivo ha emprendido en esta legislatura un "programa ambicioso" para reconstituir el parque público de vivienda "desmontado por Gobiernos anteriores". La vicepresidenta primera ha insistido en la "importancia" de construir las 100.000 viviendas para el alquiler asequible y social y en la movilización de las 50.000 viviendas de Sareb para "devolver a los ciudadanos una parte del coste que tuvo para ellos la financiación de ese banco malo en 2012".