TOLEDO, 23 de diciembre. La Consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha expresado su preocupación tras la reciente demanda de dimisión que han formulado los sindicatos. Esta petición se sostiene en la negativa del Gobierno regional a entablar negociaciones sobre el reglamento que regula la labor de los agentes medioambientales.

Durante una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Gómez subrayó que, al consultar directamente al colectivo de más de 530 agentes medioambientales de la región, es poco probable que compartan la misma opinión de los sindicatos. "Hoy en día, cuentan con más recursos que nunca para realizar su trabajo de manera eficaz", aseveró la consejera.

En este contexto, Gómez indicó que, a raíz de la reciente legislación aprobada por el Gobierno de España en relación a los agentes forestales y medioambientales, que otorga un año a las comunidades autónomas para adaptar sus normativas, su Consejería ha propuesto una modificación del reglamento regional correspondiente. Esto responde a la necesidad de alinear la normativa local con la nueva ley nacional.

La consejera detalló que la propuesta de reglamento se centra en mejorar la distribución territorial de los agentes medioambientales en las demarcaciones que corresponden. "Se trata de una optimización en la organización del trabajo, sin que ello suponga un cambio en el número de agentes disponibles", enfatizó Gómez.

Además, la consejera hizo hincapié en que, sin importar los recursos actuales con los que cuenta el departamento, la intención es incrementar el número de agentes. "Estamos de acuerdo en este aspecto con las demandas de los sindicatos, ya que su labor es fundamental para la conservación del medio natural y el medioambiente", agregó.

Por otro lado, Gómez aclaró que hasta el momento no se ha iniciado "ningún tipo de negociación", dado que esta responsabilidad recae en la Mesa de la Función Pública. "Un reglamento es un decreto y estos llevan consigo un proceso de información pública, el cual ya hemos comenzado", puntualizó la consejera.

Ante esto, hizo un llamado a los sindicatos para que presenten sus consideraciones en los espacios de negociación que ya están establecidos en el ámbito de la función pública. "Se evaluarán, se analizarán y cualquier propuesta viable será incorporada, porque este Gobierno valora el diálogo y la transparencia", concluyó Gómez.

Finalmente, la consejera se mostró optimista al afirmar que existe un año para implementar este reglamento y que espera alcanzar un consenso que beneficie a todos los sindicatos implicados en este proceso.