Guadalajara exige a Adif reparar la pasarela de la estación y evalúa acciones legales

El Ayuntamiento de Guadalajara ha requerido a Adif que asuma los trabajos de reparación en la pasarela peatonal ubicada junto a la estación de tren, debido a su avanzado deterioro. La infraestructura, que se encuentra en un estado preocupante, presenta daños visibles en rampas y escalones, generando riesgos para los usuarios.

Este paso responde a la responsabilidad del Consistorio de garantizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento de infraestructuras públicas. La pasarela, cuya titularidad es reclamada por el Ayuntamiento, figura en el Catastro a nombre de Adif, que niega su propiedad alegando no ser el titular. Sin embargo, en 2017, la misma entidad realizó trabajos en ella tras un requerimiento municipal, lo que refuerza la postura del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha anunciado que, si Adif no atiende la orden de reparación, procederá de manera subsidiaria y reclamará los costes. La intención del consistorio es evitar riesgos para los peatones y cumplir con sus obligaciones de protección ciudadana. La situación evidencia la tensión entre la administración local y la estatal respecto a la gestión de infraestructuras ferroviarias.

Este conflicto refleja un contexto político en el que las competencias sobre infraestructuras y su mantenimiento se convierten en foco de disputa entre administraciones, en un momento en el que la seguridad pública está en el centro del debate político. La falta de acuerdo puede derivar en procesos judiciales, lo que prolongaría la situación de incertidumbre y podría afectar a la imagen de la gestión ferroviaria en la zona.

De cara al futuro, el Ayuntamiento ha insistido en que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, incluso si ello implica acciones legales contra Adif. La resolución dependerá en gran medida de la voluntad de la entidad estatal de cumplir con sus obligaciones y de la posible intervención judicial para dirimir responsabilidades.

Este caso ejemplifica la necesidad de clarificar las competencias sobre infraestructura y la importancia de la coordinación entre administraciones para evitar riesgos y garantizar el correcto mantenimiento de elementos esenciales para la movilidad urbana y la seguridad ciudadana.