Guadalajara refuerza su lucha contra la prostitución y penaliza el acceso irregular a centros deportivos.

GUADALAJARA, 24 Mar. — La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha dado luz verde a una significativa modificación de la ordenanza de convivencia que data de 2009. Esta actualización, aprobada el pasado martes, no solo endurece las sanciones vinculadas a la prostitución, sino que también regula por primera vez las infracciones relacionadas con el acceso no autorizado a instalaciones deportivas municipales.

El principal objetivo de esta reforma, promovida por las áreas de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Deportes, es la lucha contra la explotación sexual. A partir de ahora, se considerará una infracción particularmente grave la promoción o el favorecimiento del consumo de prostitución, con multas que oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros. Esta medida incluye acciones como acercar clientes a zonas donde se ejerce la prostitución o alentar el mercado sexual en diversas formas.

En declaraciones, el concejal de Igualdad, Roberto Narro, subrayó que esta modificación responde a las exigencias de la Mesa de la Trata y marca un "nuevo enfoque", que se centra en penalizar al cliente en lugar de a las mujeres en situaciones de prostitución o trata. Además, la normativa prohíbe cualquier publicidad que cosifique a las mujeres o promueva el turismo sexual, abarcando desde soportes móviles hasta folletos y espacios públicos.

La reforma también fortalece las medidas de protección para menores, alejando estas prácticas de lugares sensibles como escuelas y parques infantiles. Asimismo, establece una obligación de colaboración por parte de los ciudadanos para ayudar a identificar posibles casos de explotación. La Policía Local contará con nuevas competencias para investigar y actuar en espacios donde se sospeche la presencia de tales actividades.

Por otro lado, esta nueva ordenanza incluye un apartado específico para regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, en respuesta a las inquietudes de trabajadores y usuarios sobre el uso indebido de estas. Hasta ahora, los infractores solo podían ser desalojados, pero con la modificación, podrán enfrentar multas que van desde 750 euros para infracciones leves hasta 3.000 euros en casos más severos.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Chema Antón, puntualizó que la reforma se alinea con los principios de eficacia y proporcionalidad, tras un periodo de consulta pública realizado entre octubre y noviembre de 2025.

La ordenanza mantiene un enfoque no confiscatorio, permitiendo alternativas a las sanciones económicas, como trabajos comunitarios o medidas educativas para los menores infractores.

Con la aprobación en la Junta de Gobierno, el texto continuará su proceso administrativo, que incluye revisión en comisión, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la aprobación final en sesión plenaria, con la intención de que entre en vigor, posiblemente, en junio.