Guadalajara retrasa la nueva ORA hasta el 18 de mayo tras anulación de la ZBE

El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido aplazar la implantación del nuevo sistema de estacionamiento regulado (ORA) hasta el 18 de mayo. La medida, inicialmente prevista para el 1 de mayo, responde a la necesidad de garantizar una correcta puesta en marcha y reducir las incertidumbres entre los usuarios. La decisión llega en un contexto marcado por las críticas vecinales y la reciente anulación judicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El retraso permite al consistorio ajustar aspectos técnicos y políticos del sistema, que entrará en vigor tras más de 20 años de funcionamiento en la ciudad y en un nuevo contrato de diez años con la concesionaria. La unificación de tarifas, tras la sentencia que anuló la ZBE, supone una tarifa única de 0,65 euros por hora en toda la zona azul, eliminando recargos en el casco histórico.

Este cambio implica una reducción de precios en el centro urbano, una demanda histórica de los vecinos, y afecta a unas 2.293 plazas reguladas, añadiendo cerca de 1.190 nuevas. Los residentes mantienen su tarjeta anual por 32 euros, mientras que los no residentes podrán estacionar en zona roja por un límite de dos horas, pagando tarifas superiores. Además, se habilitan plazas disuasorias y gratuitas, con nuevas zonas en Fernández Iparraguirre y otros puntos tensionados.

El nuevo sistema incorpora medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, que podrán aparcar gratis y sin límite en todas las áreas reguladas, incluyendo zonas de carga y descarga. También se introducen cambios en horarios y modalidades de pago, con gratuidad en agosto y pago por minutos mediante una app móvil, además de una modernización tecnológica con más parquímetros y recarga de tarjetas.

El equipo de Gobierno ha manifestado su disposición a realizar ajustes en función de la experiencia y las quejas ciudadanas, apelando a la prudencia y a la escucha activa. La gestión del sistema, bajo concesión administrativa, implica una inversión privada significativa, con un canon anual para el Ayuntamiento cercano a 480.000 euros. La futura adjudicación del servicio de autobuses también avanza, con posibles mejoras en líneas y conexiones.

Este retraso refleja una estrategia de adaptación ante las críticas y la incertidumbre jurídica, en un contexto donde la política local busca equilibrar movilidad, accesibilidad y crecimiento urbano. La perspectiva futura apunta a una fase de evaluación y ajuste del nuevo modelo, en línea con las demandas ciudadanas y la evolución de la normativa.