GUADALAJARA, 27 de diciembre. En un avance significativo hacia el fortalecimiento de la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad, el Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente una convocatoria de inclusión en la Consejería de Bienestar Social. Este programa destaca por su naturaleza plurianual, ofreciendo una vigencia que abarca los años 2025 y 2026. El propósito de esta estrategia no es otro que proporcionar estabilidad al sector y facilitar la adopción de nuevos modelos de atención que respondan a las necesidades actuales.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, expuso en una rueda de prensa que esta decisión responde a una demanda expresada por las organizaciones del Tercer Sector. Esto se traducirá en un plazo más amplio para la ejecución de los proyectos que se presenten. La convocatoria contará con una inversión total de 11,6 millones de euros, un incremento de medio millón de euros por cada anualidad en comparación con la edición de 2024, que asignó 5,8 millones por año.

Con esta inversión, se permitirá financiar hasta el 100% de los costos en los proyectos seleccionados. Es importante señalar que hasta un 85% de esta financiación procederá del Fondo Social Europeo Plus. Esta estrategia beneficiará a las entidades del Tercer Sector así como a universidades e instituciones científicas, garantizando un enfoque "multidimensional". Según García, el objetivo de estos proyectos abarca tanto la investigación como la intervención directa con los individuos, lo que es fundamental para abordar sus realidades.

La nueva convocatoria, que se publicará en los próximos días, contempla iniciativas como Housing First y Housing Led, dos modelos de vivienda diseñados para apoyar a las personas sin hogar. Estos enfoques están alineados con las recomendaciones de la Unión Europea, que busca mejorar las condiciones de vida de las personas en situaciones vulnerables.

García destacó que esta convocatoria también busca simplificar los procedimientos, acelerando así la gestión y justificación de los proyectos presentados. Esto permitirá a las entidades del Tercer Sector una mayor facilidad en cuanto a los trámites administrativos, un aspecto que no debe subestimarse en la búsqueda de eficiencia y eficacia.

En el año 2024, la anterior convocatoria financió 127 proyectos que impactaron positivamente en la vida de más de 8.500 personas, un 61% de las cuales eran mujeres. La intención para este año futuro es incrementar estas cifras y al mismo tiempo mejorar la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales que llevan a cabo estos proyectos, con un especial énfasis en las áreas rurales más despobladas, a las que se asignará el 30% del crédito disponible.

Los proyectos considerados para esta convocatoria estarán orientados a fomentar la inclusión continua de comunidades en situación de vulnerabilidad social. Se buscará abordar problemáticas de exclusión y desarrollar acciones centradas en la formación, la innovación, así como en investigaciones y pilotos que permitan avanzar en la mejora de estas realidades.

García también subrayó la importancia de que la intervención en materia de inclusión no se limite a un acompañamiento superficial, sino que se apoye en una sólida base de investigación. Esto es clave para evaluar la efectividad de las herramientas disponibles y para desarrollar modelos de atención que realmente beneficien a los colectivos más vulnerables.

Durante su comparecencia, la consejera afirmó que el diálogo con el Tercer Sector es esencial para el éxito de estas iniciativas. En este mismo contexto, García hizo referencia a la convocatoria aprobada para entidades privadas orientadas a programas y servicios para personas mayores, la cual se publicará el próximo 30 de diciembre y que se enmarca dentro del curso 2024.

Esta iniciativa está enfocada en servicios que buscan mejorar significativamente la calidad de vida de los mayores y cuenta con una asignación presupuestaria de 3,2 millones de euros. Las entidades privadas y universidades tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar sus proyectos, con una fecha límite establecida para el 23 de enero. Entre las áreas a desarrollar se incluyen programas de apoyo a la autonomía personal, promoción de la vida independiente, atención integral y fomento de la inclusión digital, con el objetivo de cerrar la brecha existente en este campo.

En el año 2024, gracias a iniciativas similares, se financiaron 89 proyectos provenientes de 73 entidades, beneficiando a un total de 35.000 mayores en Castilla-La Mancha, lo que resalta aún más la relevancia de la inversión en este sector.