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Sociedad 29 de Mayo de 2026 · 14:48h 3 min de lectura

Juzgan a dos empresarios por la muerte de un trabajador en Tomelloso

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el 2 de junio a dos administradores de la empresa 'Multiservicios La Mancha S.L.' acusados de negligencia grave tras la muerte de un trabajador en Tomelloso en abril de 2022. El trabajador, contratado como fontanero, cayó desde una cubierta sin protección adecuada y falleció en el acto.

El accidente ocurrió cuando los operarios realizaban tareas de sustitución de placas en la cubierta de una nave, a más de ocho metros de altura. La investigación señala que no se adoptaron medidas de protección colectiva ni el uso de arneses o cascos, a pesar de que la evaluación de riesgos no consideró los trabajos en altura como peligrosos. La negligencia en la planificación y supervisión de la tarea es clave en este caso.

La Fiscalía considera que los administradores, responsables de la seguridad de la empresa, estaban plenamente conscientes del riesgo que suponía trabajar en esas condiciones. A pesar de ello, autorizaron la tarea sin garantizar las medidas preventivas necesarias. La causa del fallecimiento se atribuye a una imprudencia grave y a una falta de planificación adecuada.

Las implicaciones judiciales incluyen una petición de penas de prisión para los acusados, además de reclamaciones económicas para la familia del trabajador. La Fiscalía solicita indemnizaciones que suman más de 670.000 euros, además de la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. La sentencia tendrá impacto en la responsabilidad empresarial en materia de seguridad laboral en la región.

Este caso refleja la importancia de la normativa en prevención de riesgos laborales y la necesidad de reforzar controles en las empresas. La legislación vigente establece obligaciones claras para garantizar la protección de los trabajadores en trabajos en altura, y su incumplimiento puede acarrear sanciones penales y civiles. La responsabilidad social y la cultura de la seguridad son temas que continúan en debate en el ámbito político y empresarial.

De cara al futuro, este suceso puede impulsar una revisión más exhaustiva de las políticas de seguridad laboral en Castilla-La Mancha. La administración y los sindicatos abogan por mayor supervisión y formación. La jurisprudencia en casos similares puede marcar un precedente que refuerce la protección de los derechos de los trabajadores y la responsabilidad de las empresas en la comunidad autónoma.

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