• jueves 08 de diciembre del 2022

Juzgan al alcalde de Fontanar acusado de prevaricación y malversación al adjudicar obra a la madre de un amigo

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GUADALAJARA, 21 Oct.

La Audiencia Provincial de Guadalajara va a evaluar el martes próximo, 25 de octubre, a V.S.V.M, alcalde de Fontanar y para el que el Ministerio Público solicita 4 años por un delito de prevaricación administrativa y delito de malversación de caudales públicos por adjudicar una obra a la madre de un íntimo amigo, M.A.J.B., que paralelamente creó una compañía pantalla para tal fin. Además, el regidor certificó una aminoración del contrato público para producir a la acusada un beneficio económico.

Así como recopila la Fiscalía en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, en el ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara), en el mes de marzo de 2017, siendo alcalde de la ciudad el acusado, V.S.V.M., comienza el expediente para la terminación de las proyectos del ámbito 4, encargando a la gobernante-arquiecta técnica del Ayuntamiento, V.S.V., la confección de una memoria valorada de las proyectos atentos de efectuar.

En tal memoria se señalaban las proyectos que faltaban por realizar con arreglo al emprendimiento de urbanización visado en 2006. Los trabajos atentos de efectuar fueron cuantificados en 59.444,05 euros, incluyendo el IVA, costos en general y beneficio industrial.

La tramitación del expediente correspondió al alcalde, al no sobrepasar el diez% de los elementos ordinarios del presupuesto, ni, en todo caso, los seis millones de euros. Se trataba de un contrato menor de
proyectos, con lo que se podía adjudicar de forma directa a cualquier empresario con aptitud de obrar bastante y que cuente con la habilitación profesional precisa. A pesar de lo previo, en el informe se recomendava, para asegurar los principios de independencia de ingreso a las licitaciones, propaganda y transparencia de los métodos, que se solicitaran tres promociones, siempre y cuando fuera viable.

Según cuenta la Fiscalía, aprovechándose de su condición de alcalde y con la intención de favorecer a la acusada, M.A.J.B., con la que tenía una angosta relación personal, siendo madre de su íntimo amigo, el investigado M.C.J., desatendiendo las sugerencias del informe de la asesora interventora del Ayuntamiento, le adjudicó de forma directa la ejecución de las proyectos de terminación del Sector 4, más allá de que exactamente la misma no tenía experiencia alguna en proyectos de urbanización ni cualificación profesional correcta
para la ejecución de las misma.

A fin de eludir cualquier sospecha sobre la carencia de imparcialidad y transparencia de la operación, los acusados, V.S.V.M. y M.A.J.B., eligieron, de común acuerdo, que la adjudicación se hiciera a una entidad construída a propósito para la realización de estas proyectos de terminación del campo 4, en forma de compañía pantalla, ya que de todos modos tenía que ver con una sociedad unipersonal, cuya administradora y asociada única era la acusada, M.A.J.B. y no disponía de medios personales ni materiales para hacer semejantes proyectos de urbanización.

De esta manera, en fecha de 18 de octubre de 2017, el acusado, V.S.V.M., a propósito de la irregularidad de su actuación, adjudicó las proyectos de terminación del ámbito 4 a esa entidad falsa que llamaron WTL Soluciones Integrales S.L., una sociedad que no tenía aptitud de obrar, en tanto que ni se encontraba constituida ni en capacitación, ya que empezó sus operaciones en fecha de 24 de octubre de 2017 y fue anotada en el Registro Mercantil el diez de noviembre de 2017. Para ofrecer fachada de legalidad a la contratación de la sociedad, el acusado, a propósito de su mendacidad, logró constar en el Decreto de la Alcaldía, que la compañía tenía certificación del registro mercantil, lo que no era cierto, ya que aún no había sido anotada en exactamente el mismo.

Para desarrollar las proyectos de terminación del campo 4, la acusada, M.A.J.B., tuvo que contratar mano de obra externa a la compañía Construcciones Guarne S.L. quien presentó un presupuesto por importe de 8.500,25 euros (IVA incluido) y facturó por último 9.581,99 euros.

Las proyectos de terminación del campo 4 se desarrollaron bajo la única dirección y supervisión del alcalde de Fontanar, que prescindió de cualquier clase de intervención y control por la parte de los profesionales municipales, en concreto de la arquiecta técnica municipal V.S.V.. De esta forma, el acusado, V.S.V.M., con ánimo de favorecer a la acusada, M.A.J.B., en menoscabo del tesoro público, transgrediendo el deber de servicio público y de administración leal de los fondos públicos a su cargo, ingresó una secuencia de ediciones en el emprendimiento original que comportaban una clara aminoración de la cantidad presupuestada en un inicio y que, no obstante, no tuvieron ningún reflejo en la cantidad facturada por último por la entidad espectro.

A pesar de estas omisiones y ediciones en el emprendimiento que, con relación a la memoria valorada, suponían una diferencia de 24.533,59 euros, el 20 de diciembre de 2017, el acusado, V.S.V.M., en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Fontanar abonó a la entidad pantalla. La cantidad total era de 59.444,05 euros, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas, toda vez que varios de los trabajos encargados no se habían ejecutado, y solo se habían justificado por la acusada, M.A.J.B., costos por importe de 24.262,79 euros, consiguiendo un beneficio económico de sobra del 50%, "completamente desproporcionado con lo sosprechado en la memoria valorada y con lo que resulta frecuente en el tráfico mercantil y en los contratos con la administración".

El Ministerio Público pide una lástima de 4 años y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público con privación determinante del cargo de alcalde tal como de los honores que le sean anejos, con la incapacidad de conseguir dicho cargo u otros equivalentes a lo largo del tiempo de la condena para el acusado, V.S.V.M. en término de creador, por un delito de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos.

Procede imponer a la acusada, M.A.J.B., en calidad de colaboradora precisa, la pena de 4 años con auxiliar de inhabilitación para el ejercicio de ocupaciones empresariales similares con la promoción y avance de ocupaciones en el campo inmobiliario y urbanístico y también inhabilitación de cargo público a lo largo de nueve años.

Subsidiariamente, para la situacion de no estimar acreditada la malversación, los hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del producto 404 del Código Penal, en certamen medial del producto 77 con un delito de estafa a la administración pública, del producto 436 del Código Penal, con lo que piden 4 años de prisión para los dos acusados.

En término de compromiso civil, los acusados, V.S.V.M. y M.A.J.B., habrán de indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Fontanar en la proporción de 24.533,59 euros, aumentada con los intereses legales.

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